Wilber Huacasi Organizaciones especializadas en derecho penal y ambiental de América Latina presentaron una ley modelo de ecocidio. La propuesta normativa, según explicaron, tiene como objetivo combatir la impunidad y garantizar sanciones efectivas frente a la destrucción masiva de ecosistemas en toda la región.
El artículo principal del texto plantea la sanción de cárcel efectiva por un periodo de entre 8 a 20 años de prisión a quienes, por acción u omisión, causen daño grave, extenso o duradero al ambiente. Denise Alonso, coordinadora en América de Stop Ecocidio Internacional, explicó a Mongabay Latam que cada país tiene leyes que sancionan la contaminación, pero los hechos graves, masivos o duraderos no están claramente penados.
Además del castigo penal, la propuesta incluye sanciones de inhabilitación profesional, impedimento de contratar con el Estado, revocación de licencias ambientales y decomiso de bienes y ganancias provenientes de actos ilícitos. Aspectos como la responsabilidad de altos directivos y sanciones para personas jurídicas también son contemplados en el texto.
Delito imprescriptible
La ley modelo también plantea la imprescriptibilidad de los graves delitos ambientales. El artículo 10 del texto establece: “La acción penal y la pena correspondientes al delito de ecocidio, en todas sus modalidades, son imprescriptibles. Asimismo, las personas condenadas por este delito no podrán ser objeto de amnistía, indulto, conmutación de pena ni otros beneficios de remisión”.
En diálogo telefónico, Alonso detalló que las organizaciones ambientales tienen como objetivo de fondo incluir el ecocidio en el Estatuto de Roma: “Si tenemos ya regulado el genocidio como delito de lesa humanidad, también se debe contemplar el ecocidio”.
Tutela para defensores
En el contexto actual de concentración de crímenes de defensores ambientales en América Latina, la ley modelo también plantea el incremento de la pena para quien ejerza violencia física, coacción u otras formas de persecución contra los denunciantes.
El enfoque de inclusión es reforzado al contemplar “el derecho de acceso a la información, justicia y participación activa en todas las etapas del proceso penal” por parte de las comunidades y pueblos indígenas.
La ley modelo de ecocidio fue consensuada en un encuentro reciente en México. El siguiente paso será el envío del texto a los parlamentos de América Latina para que evalúen adaptarlo a sus sistemas normativos internos. La iniciativa es impulsada por Stop Ecocidio Internacional, CEMDA de México, la Universidad Iberoamericana, la Alianza de Clínicas Jurídicas Ambientales de América Latina y el Caribe, y la Asociación de Investigadores de Derecho Penal Ambiental y Climático (AIDPAC).
Ley modelo de ecocidio | Documento PDF
- Reporte publicado originalmente en Mongabay Latam
