Iván Paredes - Mongabay Latam - Las leyes archivadas pueden volver a análisis y debate si es que uno o más legisladores consideran su reposición, pero incluyendo más informes técnicos.
- La mayor cantidad de leyes estancadas se refieren al tema minero, como la eliminación del mercurio en la minería aluvial.
- También hay normas estancadas que buscaban más protección para las reservas naturales, como es el caso del parque Noel Kempff Mercado, que está afectado por el narcotráfico.
- Expertos consideran que en los últimos años no se han aprobado leyes importantes a favor del medioambiente, mientras que sí hay resoluciones ministeriales que dan luz verde a actividades extractivas.
La Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia archivó al menos diez leyes que tenían el objetivo de proteger el medioambiente y la fauna silvestre. Estos proyectos buscaban, por ejemplo, la eliminación del uso de mercurio en la minería aluvial, la protección de áreas protegidas y el cuidado de especies de fauna silvestre que están en vía de extinción, como el gato andino (Leopardus jacobita). Aunque algunas iniciativas quedaron archivadas por falta de voluntad política, todavía existe la posibilidad de revivirlas.
Mongabay Latam realizó una revisión de las normas archivadas desde la gestión 2020. Muchas de las que pretendían el cuidado ambiental, fueron archivadas en noviembre de 2025, cuando se cambiaron a los legisladores. En el repaso se pudo evidenciar que tres de estas iniciativas eran contra la minería ilegal.
Actualmente, la Cámara de Diputados en Bolivia tiene 2752 proyectos de ley archivados desde la gestión 2020. La mayoría son iniciativas declaratorias, por ejemplo, que buscan establecer una fecha como feriado o un lugar como histórico. Además, hay 809 proyectos en tratamiento, es decir, bajo análisis, debate o evaluación, según se informa en la página web de esta instancia legislativa.
Entre los proyectos engavetados se encuentran la “Ley para la Eliminación Progresiva del Mercurio en la Minería y la Protección de la Salud Pública y los Sistemas de Vida”, una norma propuesta en la pasada gestión y archivada en la actual. Así mismo, fue engavetado el proyecto para declarar de interés nacional la prohibición del uso de mercurio en la minería privada y pública, que fue presentado en agosto de 2022 por el exdiputado Ronald Huanca.
Al mismo exdiputado se le archivó otro proyecto presentado en enero de 2024 para declarar de necesidad y prioridad nacional el uso de la tiourea como alternativa viable, innovadora y rentable. La tiourea es un compuesto químico orgánico utilizado en la minería principalmente como un agente lixiviante alternativo al cianuro y al mercurio para la recuperación de oro y plata. En Bolivia se planteó que la planta de urea, localizada en el trópico de Cochabamba, produzca tiourea para hacer a un lado al mercurio en la minería aluvial.
Los legisladores también condenaron al olvido en 2025 el proyecto para modificar el código penal e incorporar tipificaciones relativas a la minería ilegal, el que pretendía la conservación y protección del gato andino y el de la ley para la disponibilidad inmediata de combustibles en las estaciones de servicio para vehículos y equipos de bomberos voluntarios destinados a apagar incendios forestales. Otra iniciativa archivada fue, precisamente, la que buscaba la protección penal contra los incendios forestales en Bolivia.
También terminó archivado el proyecto de ley “Bolivia limpia y digna con el medioambiente”, presentado en 2023 y el proyecto de ley para la inserción de la formación individual y colectiva en preservación y conservación del medioambiente en la educación, archivado en 2020.
El marco legal de cuidado a las reservas
Entre los proyectos archivados hay varios que pretendían proteger algunas áreas protegidas en Bolivia, como la iniciativa para elevar al rango de ley el decreto supremo con el que se creó el Parque Nacional Área Natural de Manejo Integrado Madidi. Dicha propuesta se presentó en abril de 2025 y luego pasó a carpetas. La misma suerte sufrió la propuesta de ley para emprender acciones de fortalecimiento contra el narcotráfico en el Parque Nacional Noel Kempff Mercado.
En diálogo con Mongabay Latam, la diputada Cecilia Requena, de la alianza Unidad, explicó que las normas archivadas pueden volver a ser consideradas luego de una evaluación que incluye aspectos técnicos y legislativos. Ese proceso, dijo, se llama reposición y puede ser ejecutado por uno o más legisladores. Además, detalló que muchos de los proyectos terminan derivados al archivo porque no cuentan con estudios técnicos o sustentos que se deben incorporar en las leyes.
“Por ejemplo, nosotros en el comité tenemos una sola persona y esa persona tuvo que gestionar más de 30 proyectos de ley y cada proyecto es diferente. Hay de vida silvestre, agua, tierra o bosques. Entonces, para emitir un informe técnico para aprobar, rechazar o poner observaciones, hay que entender bien la materia y una sola persona no puede hacerlo todo sola. Es por eso que se pide ayuda y por eso demora”, dijo Requena.
La legisladora, que también es activista ambiental, afirmó que en este primer año de la nueva legislatura, que empezó en noviembre de 2025, existen muchos parlamentarios que son nuevos y que no conocen el procedimiento legislativo, por lo que también existe demora en reponer o presentar nuevos proyectos a favor del medioambiente.
Requena, que en la anterior legislatura (2020-2025) fue senadora, ahora tiene en sus manos tres proyectos de ley que fueron aprobados en el Senado y que ahora deben pasar por Diputados. Uno de ellos es sobre bioinsumos, que ya tiene aprobación de una comisión, pero que todavía debe resolver algunas observaciones técnicas. También avanza con una iniciativa para protección de áreas protegidas a la que aún se le debe anexar un informe técnico y con un proyecto para la eliminación del mercurio en la minería aluvial.
“En este caso [el del mercurio], si los cooperativistas mineros no son incluidos en la discusión, es más difícil, aunque no imposible, conseguir los votos necesarios. Entonces, cada proyecto de ley necesita un trabajo técnico muy arduo, también social y político. Y es eso lo que explica por qué no se aprueban los diferentes proyectos de ley”, resaltó Requena.
Alfredo Zaconeta, investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), explicó a Mongabay Latam que en los últimos años en Bolivia no se aprobaron normas de beneficio al medioambiente y que más bien existen decretos y resoluciones para flexibilizar licencias ambientales sobre todo para la minería.
“Faltan leyes que delimiten las actividades mineras, que delimiten áreas donde se puede y no se puede hacer minería, además de clarificar las declaratorias de áreas protegidas y reservas fiscales donde no se debería hacer esta actividad. Pero también faltan leyes para normar el uso de métodos metalúrgicos para el procesamiento y tratamiento de minerales, como el uso del mercurio y el cianuro”, dijo Zaconeta.
No hay voluntad política
Aunque la diputada Cecilia Requena considera que muchos proyectos se archivan por falta de sustento legal o técnico riguroso, Zaconeta está convencido que hay otro grueso de iniciativas que mueren sencillamente por falta de voluntad política. Esto se aprecia en el campo de la minería, donde existen varios proyectos de ley que quedaron abandonados por la cercanía que tenían –y tienen– las cooperativas mineras con gobiernos nacionales. Ese bloqueo, dijo, prolongó la minería ilegal con afectaciones ambientales, sobre todo en la Amazonía.
“Dejar a un lado estas leyes se debe a un factor político partidario que se ejerció con las cooperativas mineras para sepultar cualquier iniciativa minera que tenía como misión normar dichas actividades”, remarcó Zaconeta.
Por su parte, Fátima Monasterio, abogada e investigadora de la Fundación Solón, coincidió con Zaconeta tras afirmar que en los últimos años no se aprobaron normas a favor del medioambiente y que existen “cambios inconstitucionales” que se dan en la vía administrativa, sobre todo en el campo de la minería, que afectan a áreas protegidas. Además, dijo que mientras que se aprueban decretos o resoluciones administrativas y ministeriales a favor del ambiente, se aprueban leyes (que tienen mayor peso legal) que abren las puertas a actividades extractivas.
Según Monasterio, existen al menos 269 derechos preconstituidos que recaen sobre áreas protegidas, siendo las más afectadas Apolobamba, Cotapata y Madidi, todas en el departamento de La Paz, donde ningún derecho que hoy se alega como preconstituido fue aprobado antes de la creación de estos parques. En total son 15 áreas protegidas afectadas por este tema, dijo Monasterio a Mongabay Latam.
Los derechos preconstituidos en Bolivia son aquellas prerrogativas, concesiones o títulos sobre recursos naturales, principalmente en el ámbito minero, que fueron adquiridos por particulares o cooperativas mineras antes de la promulgación de la Constitución Política del Estado en febrero de 2009, bajo el amparo de leyes anteriores como el Código de Minería de 1997. Además, los mineros exponen estos derechos como una luz verde a la exploración porque fueron aprobados antes de la creación de un área protegida. El problema, según los expertos, es que en muchos casos estos derechos preconstituidos serían fraudulentos.
La experta reveló que actualmente el proyecto de ley (727) es promovido por el gobierno de Rodrigo Paz y en esencia busca que los contratos mineros no pasen por la Asamblea Legislativa Plurinacional, como manda la Constitución, y que más bien sean aprobados por la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (Ajam).
“No solo no se están aprobando leyes a favor del medioambiente, sino que se están emitiendo una serie de resoluciones o promoviendo proyectos de ley que detentan contra la naturaleza y las áreas protegidas. Y ahí se puede sumar la ley de financiamiento climático que avanza en el Legislativo sin consulta a los pueblos indígenas”, resaltó Monasterio.
- Este reportaje fue publicado originalmente en el portal aliado Mongabay Latam
