Lily Ku Yanasupo - Doctora en Derecho Si bien se espera que el Estado esté dirigido por personas instruidas, cuando se trata de cargos de representación política, importa más que estas sean personas sensatas y que sepan empatizar con las condiciones de vida de los grupos desventajados de la sociedad.
Es preciso poner en cuestión la importancia de las organizaciones sociales y el papel que deben cumplir los partidos políticos en la formación de líderes sociales que sepan interpretar las necesidades de la población.
En medio de este contexto electoral que la sociedad peruana viene atravesando, y en el que deberíamos celebrar la posibilidad que tenemos de renovar de forma democrática a nuestros representantes políticos, vemos ciertos medios de comunicación dando por sentado que quienes pretenden ejercer ese tipo de representación tienen que ser personas con altas credenciales académicas y que expongan sus propuestas en un castellano pulcro. Pero, qué noción de representación política tienen dichos medios y qué entienden los ciudadanos peruanos por ella cuando votan.
Cierto es que poco nos hemos preocupado como sociedad democrática por entender qué es la representación política y cómo se debería ejercer, al punto que casi siempre pretendemos reducir este complejo tema a una cuestión de “técnicos muy bien hablados”, aun cuando uno de los principales problemas que agobia al Perú desde hace varias décadas es la corrupción en los distintos estamentos del Estado, es decir, la falta de valores éticos y cívicos en la conducción de políticas en nuestro país.
A pesar de lo anterior, la lógica que se pretende imponer es la siguiente: mientras más títulos universitarios tengan las personas, estas son más aptas para desempeñar cargos de representación política, pues esto las hace más inteligentes, respetables y honestas. Bien, sobre estos puntos quisiera desarrollar algunas ideas que quizá ayuden a entender mejor cómo funcionan los sistemas de representación democrática y qué es la representación política, incidiendo principalmente en la representación política parlamentaria.
El derecho a la representación política
El derecho a la representación política tiene una doble dimensión. En la primera, que se refiere más a cuestiones procedimentales, los gobiernos democráticos establecen las reglas que la ciudadanía debe seguir para elegir a sus representantes políticos. Una de estas reglas es la contemplada en el artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), referida al derecho de toda persona “a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos”. En la segunda, que está más referida a cuestiones sustantivas, los representantes elegidos están obligados a respetar el Estado de Derecho y a cumplir el sistema de normas vigente para ejercer su labor de representación ciudadana.
Dicho esto, la representación política, como expresión del derecho que tiene la ciudadanía a participar en la vida política de su país, presenta algunos elementos que exigen reflexión. El primero, es el nivel de acceso a la información para el ejercicio del derecho al voto, en tanto los resultados de las elecciones impactarán en toda la comunidad; y el segundo, es la formación de conciencia y vocación pública, pues si bien la participación política no puede estar condicionada irrazonablemente por ser un derecho fundamental, es necesario incidir en la responsabilidad que conlleva toda función pública, que es estar esencialmente al servicio del bien común.
¿Qué es la representación política parlamentaria y qué se supone que representan los congresistas?
La representación política parlamentaria consiste básicamente en el ejercicio de las funciones legislativas, y que trata fundamentalmente de una representación en sentido práctico, porque el representante no se limita a estar o reflejar al representado de manera simbólica, sino que actúa en interés de este, para lo cual debe deliberar y ejercer discrecionalidad[1].
De esta manera, los representantes parlamentarios representan los argumentos, intereses y demandas de ciertos sectores sociales, los cuales se corresponden con la ideología o visión que estos tienen de los problemas que afectan a la sociedad, y que los legisladores y sus partidos políticos comparten. Es por ello que este tipo de representación también incluye una “representación argumentativa”[2], conforme a la cual, previo a la toma de decisiones colectivas, los representantes deben incorporar al debate público determinadas exigencias con los mismos argumentos y razones que los representados utilizarían.
La ostentación de títulos universitarios no es requisito constitucional para la representación política parlamentaria
La norma constitucional peruana no exige un requisito referido al nivel educativo de los candidatos al parlamento, lo cual responde a la adopción de una interpretación amplia de la representación política democrática y del derecho a elegir y ser elegido. Esto se justifica en el hecho que solo el 32.2% de la PEA ocupada cuenta con educación superior (técnica o universitaria); y el 16.3%, con educación superior universitaria, como muestra el siguiente gráfico:
En ese sentido, una reforma que exija como mínimo estudios superiores a los candidatos al parlamento, excluiría a la mayoría de peruanos y peruanas de la posibilidad de ser elegidos como congresistas. Igual pasaría si se exigiese como mínimo haber cursado el nivel secundario, pues si bien la PEA ocupada que cuenta con al menos educación secundaria es del 77.4%, seguiría existiendo un porcentaje de ciudadanos que no podría ejercer su derecho a la representación política.
Como vemos, si bien el aspecto formativo puede ser una condición deseable en el proceso de elección de representantes democráticos, esta no es una exigencia normativa. Y si bien se espera que el Estado esté dirigido por personas instruidas, cuando se trata de cargos de representación política, debería importar más que estas sean personas sensatas y que sepan empatizar con las condiciones de vida de los grupos desventajados de la sociedad. Es equivocado creer que el credencialismo universitario puede garantizar estas cualidades de antemano, más aún en estos tiempos en los que se cuestiona la calidad de la educación superior y su falta de valores humanistas.
Lo que la ciudadanía entiende por representación política cuando vota
Las sociedades están integradas por distintos grupos de interés, y esto hace que no todos compartan los mismos valores culturales, sociales y económicos. Esto suele acentuarse más en sociedades muy diversas, con desigualdad y altos niveles de fragmentación, como la nuestra. Por ejemplo, la realidad suele mostrar que los representantes que votan los trabajadores y sindicatos, no son los mismos que votan las clases empresariales; o los que votan los ciudadanos de las zonas rurales no son los mismos que los de las zonas urbanas, porque cada cual tiene sus propios criterios para identificar a sus mejores representantes en el juego democrático.
Todo esto nos dice que, al final, las personas buscan ser representadas políticamente atendiendo a sus principales intereses, problemas y necesidades. Sin embargo, no se puede construir un discurso alrededor de la idea de que las personas que carecen de un título universitario son “menos inteligentes” o “tienen menos capacidades”, buscando excluirlas de antemano del gobierno representativo democrático.
Que las personas estén cada vez más educadas es importante para contar con sociedades más informadas y menos manipulables, pero tenemos que avanzar hacia ese objetivo sin que nadie se vea excluido por no haber accedido al sistema educativo, y garantizando que quienes gozan del derecho a la educación tengan también una formación cívica, humanista y democrática. Aquí también cabe poner en cuestión la importancia de las organizaciones sociales y el papel que deben cumplir los partidos políticos en la formación de líderes sociales que sepan interpretar las necesidades de la población.
Solo para terminar, en lo personal, no creo que representen políticamente mejor quienes tienen más títulos, sino aquellos que enarbolan valores éticos y cívicos, tienen vocación de servicio público y desean trabajar por el bienestar general.
[1] LIFANTE, Isabel, A vueltas con la prohibición del mandato imperativo. En: Teoría política. Nuova serie, Annali X, 2020, p. 80.
[2] La idea de “representación argumentativa” considera que un modelo democrático adecuado debe incluir no sólo decisión (elecciones), sino también argumentación (razones), pues al incluir en el concepto de democracia la idea de argumentación, la democracia se torna en deliberativa. ALEXY, Robert, Ponderación, control de constitucionalidad y representación. Libro “Jueces y Ponderación”, 2005, p. 14.
