María Antonieta Gonzáles Fernández - Especialista en Derecho Constitucional Hace unas semanas, en el marco del 195° Periodo de Sesiones de la CIDH, en la ciudad de Guatemala, se llevó a cabo una audiencia sobre la situación de la Defensoría del Pueblo. Esta institución fundada por Jorge Santistevan y creada de manera expresa para defender los derechos fundamentales, ha experimentado en los últimos casi tres años un serio retroceso en su legitimidad e institucionalidad.
Más de veinte organizaciones peruanas e internacionales como CEJIL, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, APRODEH, el Instituto de Defensa Legal, la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), junto a exdefensores del Pueblo y colectivos de víctimas se sentaron frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para señalar lo que en el Perú ya se sabe: la Defensoría del Pueblo ha sido tomada por el pacto político que hoy nos gobierna. Durante la hora de audiencia, se expuso con documentos e información verificable cómo esta institución ha ido perdiendo su legitimidad, institucionalidad y compromiso frente a la ciudadanía.
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Del otro lado, Josué Gutiérrez defendió su gestión con el mismo argumento de siempre: su elección fue constitucional y legítima. Sin embargo, para que esta afirmación sea cierta, no basta con cumplir la formalidad del proceso, sino, por el contrario, es necesario asegurar su cumplimiento material, conforme a su finalidad, principios y efectos reales en la protección de derechos e intereses jurídicos. Lo que sigue son las 10 claves para entender el deterioro institucional de la Defensoría del Pueblo.
1. Una elección pactada
El 17 de mayo de 2023, con 88 votos, el Congreso eligió a Josué Gutiérrez Cóndor como Defensor del Pueblo. Los votos vinieron de Perú Libre —bancada de Vladimir Cerrón, de quien Gutiérrez fue abogado—, Fuerza Popular, con cuyos representantes se reunió antes de la elección, y Alianza para el Progreso; las tres bancadas que sostenían al gobierno de Dina Boluarte, entonces fuertemente cuestionada por la represión de las protestas con más de 50 muertos.
Gutiérrez no acreditaba experiencia en derechos humanos, justicia transicional, derecho constitucional, ni litigio estratégico. Se le conocía por haber participado en más de cinco organizaciones políticas, postulando hasta seis veces a cargos públicos. Fue congresista por el Partido Nacionalista y se le cuestionó por haber viajado a Rusia con Alexis Humala, presentándose ante funcionarios rusos como delegación oficial, salvándose de una sanción, ya que la Comisión de Ética determinó que Gutiérrez no podía ser sancionado porque los hechos ocurrieron antes de juramentar como congresista.
Además, tuvo una investigación fiscal por peculado como consejero regional de Huánuco. De otro lado, la Contraloría determinó que incurrió en responsabilidad administrativa por irregularidades en la carretera Huánuco-Kotosh, al aprobar una exoneración de proceso de selección por desabastecimiento inminente, violando normas de contratación del Estado. Como abogado, fue asesor de Vid Agro SAC, tuvo como clientes a transportistas, municipalidades con denuncias por corrupción y defendió a Vladimir Cerrón. Durante el proceso de selección, la Contraloría advirtió que consignó información imprecisa en su hoja de vida.
Todo ello generó cuestionamientos de la sociedad civil. Meses después, la investigación de EFICCOP reveló que la red de Patricia Benavides habría intentado influir en el proceso, canjeando votos congresales a cambio de archivar investigaciones fiscales. Sin embargo, ante la CIDH, Gutiérrez se limitó a sostener que su elección fue conforme a los procedimientos constitucionales. Las organizaciones respondieron recordando los múltiples cuestionamientos observados durante el proceso: la falta de transparencia, la limitación de participación ciudadana y la obstrucción en el otorgamiento de información, así como la falta de idoneidad, independencia, meritocracia y legitimidad, durante todo el proceso de selección.
2. “Redefinir el rumbo de los derechos humanos”
En su discurso de asunción, el 19 de mayo de 2023, Gutiérrez pidió a la presidenta Dina Boluarte “redefinir el rumbo de los derechos humanos en el Perú”. Era el contexto de las protestas de 2022-2023, con decenas de muertos por represión estatal, cientos de heridos y una fractura social abierta. La CNDDHH calificó la frase como una relativización de estándares universales, incompatible con quien debe ser su principal garante. Visto en perspectiva, esta frase fue una declaración de intenciones de lo que se avecinaba en la institución.
3. Sus primeras reuniones: La Resistencia y Los Combatientes
En sus primeras semanas, Gutiérrez se reunió con representantes de La Resistencia y Los Combatientes —colectivos conocidos por hostigar a manifestantes, periodistas y defensores de derechos humanos, incluida la exdefensora del Pueblo por cumplir su función—. No hubo comunicado institucional, condena a la violencia ni gesto de neutralidad, solo unas fotos sonrientes con quienes han actuado desde la violencia y la intimidación. La República indicó que estas señales fueron parte de la conversión de la Defensoría en “operadora política del pacto Boluarte‑Congreso”. Frente a estos gestos con actores vinculados a la violencia, la confianza institucional se erosionó desde el inicio.
4. La Defensoría como escudo de Boluarte
En abril de 2025, la Defensoría presentó un amicus curiae ante el Tribunal Constitucional defendiendo al Ejecutivo en una demanda competencial contra el Poder Judicial y el Ministerio Público, buscando frenar las investigaciones contra Boluarte por las muertes en las protestas. No actuó como garante de derechos de las víctimas que históricamente había salvaguardado, sino como abogada de la presidenta. El exdefensor Walter Albán señaló que la Defensoría dejó de ser contrapeso para convertirse en aliada del poder. Los familiares de las víctimas la rebautizaron como “la Defensoría de Boluarte”.
En mayo de 2025, Gutiérrez profundizó esa línea defendiendo públicamente al Ejecutivo frente al Ministerio Público y cuestionando la capacidad constitucional de la Fiscalía para investigar a la presidenta. En julio de 2025 afirmó que la participación y responsabilidad de Boluarte, en la forma en que se afrontaron las protestas y dieron como resultado más de 50 víctimas mortales, requería probarse, lo que significó un golpe para las víctimas y una estrategia de exoneración preventiva del poder político.
5. El caso Hugo Bustíos
En noviembre de 2025, la Defensoría presentó un amicus curiae ante el TC pidiendo revisar la condena de Daniel Urresti, sentenciado a 12 años por el asesinato del periodista Hugo Bustíos en 1988, crimen de lesa humanidad. No solo pidió la revisión, sino que, durante la audiencia, sus principales funcionarios se sentaron frente a los familiares de la víctima a defender a un condenado por violación de derechos humanos y cuestionaron la calificación de crimen de lesa humanidad, solicitando la prescripción. La institución creada para defender derechos humanos pidió que un crimen de lesa humanidad prescriba.
6. Ley de Amnistía y Ley de Prescripción
Ante la Ley de Prescripción de abril de 2024 —que permitía extinguir la acción penal en crímenes de lesa humanidad del conflicto armado—, la Defensoría guardó silencio: no impugnó, no la cuestionó, no presentó acción de inconstitucionalidad.
Con la Ley de Amnistía de agosto de 2025, que beneficiaba a militares y policías procesados por violaciones graves, primero Carlos Fernández Millán, adjunto para Derechos Humanos y hombre de confianza de Gutiérrez, respaldó públicamente la ley en el Congreso. Luego, ante la presión social, Gutiérrez presentó una demanda de inconstitucionalidad ante el TC, un órgano que ha legitimado leyes inconstitucionales del Congreso. El sindicato de la Defensoría advirtió que someter la ley a un TC de credibilidad cuestionada podía terminar legitimando la impunidad. Ante la CIDH, las organizaciones describieron esto como “incoherencia calculada”: respaldar primero, impugnar después y, en ambos casos, perjudicar a las víctimas.
7. Bolsa de empleos, represalias y clientelismo
La gestión de Gutiérrez también ha deteriorado la Defensoría desde dentro. A pocos meses de su nombramiento, cinco adjuntos renunciaron en una institución donde la rotación era mínima. Denunciaron discrepancias con la conducción de Gutiérrez y fueron reemplazados por personas vinculadas al entorno político del defensor, muchas sin cumplir los requisitos técnicos. El sindicato documentó el desplazamiento de personal técnico especializado por personas que no cumplían el perfil requerido y la eliminación de concursos públicos para adjuntías gracias a la Ley 32028 —impulsada por Gutiérrez—, que habilitó la designación directa.
En diciembre de 2023 despidieron a Magali González, secretaria general del sindicato, tras sus críticas públicas contra el Defensor. La Defensoría alegó recortes presupuestales pese a un aumento de presupuesto; el sindicato denunció represalias y el Tribunal del Servicio Civil ordenó su reincorporación al no encontrar sustento técnico para el despido (hasta el día de hoy sigue sin ser repuesta). Gilmer De la Peña, actual secretario general, señaló que esta gestión ha retirado al personal técnico y ha colocado personal que no cumple los requerimientos técnicos. Tal es la situación al interior de la institución, que la Procuraduría Anticorrupción pidió al Ministerio Público investigar presuntas contrataciones irregulares tras denuncias de ingresos de personas políticamente vinculadas.
En junio de 2025, la Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional contra el Defensor por designar ilegalmente a María del Carmen Olórtegui como jefa de la Oficina Defensorial II de La Libertad. Olórtegui, psicóloga sin experiencia en derechos humanos, no cumplía los requisitos del Manual de Cargos, pero fue militante de Alianza para el Progreso hasta 2024, bancada que votó por su elección. La Contraloría confirmó las irregularidades, señalando falta de transparencia y prioridad a afiliaciones partidarias por encima del mérito.
Otro caso es el de Alberto Balladares, designado secretario técnico de la Comisión Especial que elige a la Junta Nacional de Justicia, cargo que exige imparcialidad absoluta. Balladares es cercano a Pedro Chávarry, vinculado a “Los Cuellos Blancos del Puerto”, lo que generaba un conflicto de intereses evidente en un proceso que debía garantizar, precisamente, independencia. El sindicato ha exigido la salida del Defensor y una investigación por corrupción. Lo que se ha instalado en la Defensoría no es simplemente una gestión cuestionable; es un sistema de clientelismo político que ha convertido los cargos de funcionarios de una institución de derechos humanos en moneda de cambio del pacto que la eligió.
8. El silencio como política institucional
La Defensoría documentó meticulosamente muertos y heridos en las protestas de 2022-2023; esa información fue base para informes internacionales e investigaciones fiscales. Esa era la Defensoría en la que el país confiaba. La Defensoría de Gutiérrez, en cambio, calló ante el ataque a defensores de derechos humanos, ante la Ley APCI que restringía a organizaciones de la sociedad civil acudir en la defensa de las personas ante organismos supranacionales. Calló ante el desmantelamiento de políticas de género y el debilitamiento del Ministerio de la Mujer y de adjuntías especializadas.
En julio de 2025, líderes indígenas de Puno lo expulsaron de un evento público acusándolo de “silencio cómplice” frente a asesinatos y criminalización de comunidades. Frente a las protestas bajo el gobierno de José Jerí, entre octubre de 2025 y enero de 2026, con muertos, heridos y uso excesivo de la fuerza, la Defensoría replicó exactamente el mismo patrón: ni pronunciamientos firmes ni supervisión preventiva. El silencio, a estas alturas, ya no es omisión; es política institucional.
9. La demanda contra la Ley de Extinción de Dominio: el conflicto de interés
En agosto de 2024, la Defensoría impugnó la Ley de Extinción de Dominio, que permite al Estado confiscar bienes ilícitos vinculados al narcotráfico y la corrupción. Gutiérrez alegó vulneración al derecho de propiedad y al debido proceso. No obstante, especialistas y organizaciones anticorrupción han alertado sobre cómo dicha impugnación constituye un beneficio práctico para redes criminales. Asimismo, la DPLF documentó que existe una denuncia ética ante un colegio de abogados por conflicto de interés, dado que la demanda habría beneficiado a un familiar del Defensor. Este caso concentra, de algún modo, todas las contradicciones de una gestión que ha elegido, sistemáticamente, posicionarse de manera opuesta a lo que históricamente hizo la Defensoría del Pueblo.
10. La victimización como estrategia de defensa
Cada vez que fue cuestionado —por el sindicato, exdefensores, organizaciones y medios—, Gutiérrez alegó que se busca agraviar y deslegitimar a la institución y reivindicó la legitimidad de su elección. En la CIDH su argumento fue el mismo. Las organizaciones respondieron con un catálogo de 17 hechos documentados en tres años que contaban una historia muy distinta.
Gutiérrez, escudándose en el TC, mostró la sentencia que validó su elección como competencia exclusiva del Congreso, calificó los cuestionamientos de la prensa como “campaña de desprestigio” y exhibió un gráfico con 8 demandas de inconstitucionalidad como prueba de activismo. Sobre la Ley de Amnistía, dijo haber emitido opinión técnica desfavorable y presentado demanda de inconstitucionalidad. Sobre la elección de la JNJ afirmó que la Comisión Especial actuó por unanimidad, con transparencia y acceso público, y que las denuncias por la elección de un miembro condenado por violencia eran “narrativa falsa”. Sobre los archivos de la CVR, negó restricciones y mostró una tabla de 777 solicitudes atendidas.
Presentó informes sobre Rutas de Lima, el caso Saweto, cumbres con pueblos indígenas y la Ley 32028 como logro que amplió sedes de 40 a 71. Lo que no abordó en ningún momento fue el amicus curiae a favor de Boluarte, el caso Bustíos, las represalias contra el sindicato, el conflicto de interés con la Ley de Extinción de Dominio que habría beneficiado a un familiar suyo, ni el silencio institucional ante el desmantelamiento de las políticas de género. Es decir, respondió con cifras y formalidades lo que las organizaciones denunciaron con hechos y consecuencias. Y se escudó, en buena parte, en sentencias de un Tribunal Constitucional que hoy actúa, a todas luces, como extensión jurídica del pacto político que gobierna el país, reafirmando leyes que contravienen estándares internacionales y beneficiando sistemáticamente al bloque Congreso-Ejecutivo. Como señaló Bernard Duhaime, Relator Especial de la ONU, en una entrevista publicada el viernes en La República, hay una interferencia evidente en la independencia y la imparcialidad de los jueces en el Perú, y lo que está ocurriendo es un precedente muy peligroso, una película que ya hemos visto y que la comunidad internacional está observando con mucha atención.
Bonus track – Defendiendo a los que lo eligieron
El día de ayer, se publicó una resolución del Poder Judicial, que renovaba la orden de captura de Vladimir Cerrón, y se pudo advertir en dicha resolución que el adjunto para los derechos humanos, Carlos Fernández, se apersonó al proceso y solicitó que se considere a la institución como un “amicus curiae”. Es decir, no bastó con haber sido previamente su abogado ni con haber trabajado para la bancada de su partido en el Congreso —que votó en bloque por su elección— para advertir el conflicto de intereses: ahora, para devolverle el favor, usa a la institución para apersonarse en un proceso en curso, como lo hizo en los casos Bustíos y Boluarte. Con este tipo de acciones, no cabe duda de para quién trabaja el Defensor: ciertamente, no para la ciudadanía.
Lo que viene
La CIDH ha anunciado una visita al Perú para el segundo semestre de 2026. Las elecciones generales del 13 de abril abren una ventana para repensar la institucionalidad democrática. Sin embargo, una generación entera ha aprendido a desconfiar de la institución que fue creada para defenderla, y no será fácil recuperar su legitimidad perdida en tan solo tres años.
La Defensoría del Pueblo enfrenta un escenario sin precedentes. La GANHRI, a través de su Subcomité de Acreditación, envió observaciones y requerimientos formales a la Defensoría. La institución no respondió ni al primer oficio ni al recordatorio. El Subcomité dejó constancia de ello, señalando que el silencio agrava la preocupación. El resultado es inédito: la GANHRI activó un proceso de revisión especial de la acreditación “A” que se llevará a cabo en las próximas semanas. Si la acreditación se degrada, la Defensoría perdería voz y voto en foros internacionales de derechos humanos. Los precedentes de Venezuela y Nicaragua muestran que cuando una institución nacional de derechos humanos pierde independencia real, el sistema internacional toma nota.
