Pese a los compromisos asumidos en diversos espacios internacionales, el Estado peruano viene debilitando sistemática y progresivamente su política de protección ambiental, a través de reformas legales regresivas, una débil implementación de políticas públicas y una falta de voluntad política para enmendar errores. Esta situación no solo vulnera tratados internacionales de derechos humanos, su propia Constitución política y su normativa interna, sino que coloca al país en una situación de incumplimiento respecto de sus obligaciones asumidas en el marco de sus principales acuerdos comerciales internacionales, como el suscrito con la Unión Europea en 2013.
El acuerdo comercial con la Unión Europea incluye cláusulas específicas que obligan a los países a garantizar altos niveles de protección ambiental, asegurar el manejo sostenible de los recursos forestales; intensificar sus esfuerzos frente al cambio climático; asimismo, prohíbe reducir las salvaguardas ambientales y, explícitamente, flexibilizar la legislación ambiental con el objetivo de incentivar el comercio o la inversión. Sin embargo, estos compromisos vienen siendo incumplidos.
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Uno de los ejemplos más evidentes de ello es la aprobación, en enero de 2024, de la Ley 31973, que modificó la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, para trasladar la competencia de la zonificación forestal, del Ministerio del Ambiente al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, pese a las advertencias técnicas del propio Estado y de organismos internacionales. Además, suspendió por tres años la exigencia de contar con zonificación forestal para otorgar títulos habilitantes y abrió la puerta a la legalización de deforestaciones no autorizadas en predios privados[1]. Si bien en marzo de 2025, el Tribunal Constitucional peruano declaró fundada en parte una demanda de inconstitucionalidad contra esta ley, en esencia la validó, pese al peligro que sigue representando para la conservación de los recursos[2].
Estas modificaciones, que generaron un debilitamiento profundo del sistema de protección de los bosques, fueron aprobadas, además, sin consulta previa a los pueblos indígenas, a pesar de los impactos directos sobre sus territorios, y en un claro desacato a las obligaciones contenidas en el Convenio 169 de la OIT. Diversas organizaciones indígenas, académicas y de la sociedad civil, así como organismos internacionales, alertaron sobre el impacto de esta nueva normativa en el incremento de actividades ilegales, el aumento de la deforestación y de la violencia contra personas defensoras ambientales, en un contexto donde más de 30 líderes indígenas han sido asesinados en los últimos.
A ello se suma la debilidad estructural del Estado en materia de trazabilidad y fiscalización del sector maderero. Por ejemplo, desde 2018 la Unidad de Inteligencia Financiera ha advertido que este es un sector altamente informal, vulnerable al lavado de activos y con fuerte presencia de economías ilícitas como la tala ilegal, la minería ilegal y el narcotráfico[3]. La limitada fiscalización estatal en zonas de difícil acceso facilita la convergencia criminal y compromete la capacidad del país para demostrar el origen lícito de sus productos forestales, exigencia fundamental de acuerdos comerciales como el suscrito con la Unión Europea.
«Resulta imprescindible que los mecanismos del acuerdo comercial con la Unión Europea sean activados para exigir, con participación de la sociedad civil, el cumplimiento de los compromisos ambientales asumidos»
Al mismo tiempo, el gobierno peruano ha promovido regulaciones orientadas a “reducir la tramitología” ambiental para acelerar proyectos de inversión, debilitando el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Así, entre 2023 y 2024 fueron aprobadas normas reglamentarias que disminuyen los estándares de evaluación ambiental, lo que resulta más grave en un país que aún cuenta con más de 6,000 pasivos ambientales no remediados[4]. Una de estas normas suspendió el procedimiento único de certificación ambiental, con lo que durante dos años se dejó al Estado sin un instrumento clave, debilitándose la capacidad de control en proyectos de alto riesgo ambiental. Este tipo de flexibilizaciones se dio en directa contravención de la cláusula del acuerdo comercial con la Unión Europea que prohíbe reducir los niveles de protección ambiental para facilitar inversiones.
El Estado peruano tampoco ha cumplido con sus compromisos en materia de cambio climático, pese a haber asumido metas ambiciosas en sus Contribuciones Nacionales Determinadas (NDC, por sus siglas en inglés). El cambio de uso de suelo, la principal fuente de emisiones del país, se ha visto agravada por una legislación regresiva que facilita la deforestación, lo que compromete la capacidad del país para contribuir a los objetivos globales de mitigación, también en contravención a otra cláusula del mencionado acuerdo comercial[5].
También existe una escasa implementación de políticas públicas, como el Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos (PNA), cuya implementación ha sido muy débil. En efecto, a falta de información oficial, un reporte de 2023 de la sociedad civil[6], verificó que solo se implementó el 10 % de sus metas, pese a que varias de ellas están orientadas precisamente a incorporar la conducta empresarial responsable y fortalecer los mecanismos de participación ciudadana, consulta previa y monitoreo ambiental. La ausencia de presupuesto específico y del liderazgo institucional del órgano rector, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, refleja una clara falta de voluntad política para cumplir con estos compromisos.
Frente a esta situación, resulta imprescindible que los mecanismos del acuerdo comercial con la Unión Europea sean activados debidamente para exigir, con la plena participación de la sociedad civil, el cumplimiento de los compromisos ambientales asumidos. Esto debe servir para generar un plan de trabajo u hoja de ruta acordadas con el Estado peruano, que contenga medidas específicas, indicadores, metas y mecanismos de evaluación que garanticen corregir la flexibilización de la política pública ambiental peruana, en tanto vulnera gravemente los derechos humanos de las personas y los derechos de la naturaleza.
[1] Véase un desarrollo más pormenorizado en este documento.
[2] Véase este reporte como ejemplo.
[3] Véase este informe de la UIF.
[4] Véase este reporte de Cooperacción.
[5] Véase este reporte del Instituto de la Naturaleza, Tierra y Energía de la PUCP.
[6] Véase este informe de Equidad.
