Redacción Central Escribe: Brayan Valentín Delgado, candidato a Diputado por Lima por Ahora Nación con el número 7. Soy el 7 que se juega por la educación.
La crisis educativa en el Perú no solo es un problema de cobertura: el Estado no garantiza una educación de calidad, y hay informalidad desde la educación básica hasta la superior técnica y universitaria, afectando el bolsillo de las familias.
El diagnóstico
En el ámbito de la educación básica, según la supervisión realizada en 2020 por la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana, el 95% de las instituciones educativas privadas fueron creadas bajo el mecanismo de silencio administrativo positivo; es decir, sin una verificación previa de las condiciones mínimas por parte de la autoridad educativa antes de iniciar su funcionamiento. A la fecha, no existe un sinceramiento que permita identificar con claridad cuáles de estas instituciones continúan operando.
Además, los niños, niñas y jóvenes siguen enfrentando serias dificultades en el aprendizaje: solo 3 de cada 10 estudiantes de 4.º de primaria alcanzan el nivel esperado en lectura y matemática; y, en 6.º de primaria, apenas el 26% logra niveles adecuados en comprensión lectora y el 18% en matemática. A ello se suma la precariedad de la infraestructura educativa: el 47% de los locales escolares presenta condiciones inadecuadas, y solo 1 de cada 4 colegios cuenta con acceso a agua potable.
Finalmente, 1 de cada 4 adolescentes no culmina la educación secundaria y solo 3 de cada 10 jóvenes acceden a la educación superior. Terminar el colegio no garantiza el acceso a la universidad o instituto técnico o pedagógico: muchas familias se ven obligadas a asumir el costo adicional de academias preuniversitarias para que sus hijos puedan competir por una vacante, que representa alrededor de S/ 10 000 a S/ 11 000 por estudiante, solo en academia, transporte, alimentación y materiales.
Universidades con fines de lucro
En el ámbito de la educación superior universitaria, desde la promulgación del decreto legislativo 882 durante el gobierno de Alberto Fujimori el sistema universitario peruano fue progresivamente capturado por intereses ajenos a la calidad educativa. Esta norma facilitó la proliferación de universidades con fines de lucro, muchas de ellas beneficiadas con exoneraciones tributarias que operaron bajo lógicas mercantilistas. En ese contexto, se ofrecieron servicios educativos de baja calidad, mientras la informalidad y la falta de una regulación efectiva se consolidaban en el sector.
Frente a ello, los estudiantes respaldamos la Ley 30220, Ley Universitaria, y la creación de la SUNEDU como una herramienta necesaria para enfrentar a las mafias enquistadas en diversas universidades. Aunque la norma careció de un proceso ampliamente participativo y excluyó a los estudiantes del debate, el modelo de licenciamiento implementado permitió cerrar instituciones que operaban como empresas disfrazadas de universidades, sancionar el uso indebido de recursos y denegar la licencia a aquellas que no cumplían las condiciones básicas de calidad. Ese proceso significó un avance importante para la educación peruana.
Sin embargo, en el 2022 el Congreso desmanteló aspectos centrales de la reforma con el respaldo de sectores vinculados al negocio educativo: Los Lunas, Los Porkys, Los Acuña y Los Cerrón. Desde el Bloque Universitario de Lima y Callao, junto a estudiantes de Arequipa y Cusco, nos movilizamos y opusimos no por defender a la SUNEDU como institución, sino por proteger el derecho a una educación de calidad y evitar el retorno de esquemas superados como el de la Asamblea Nacional de Rectores (ARN). La eliminación de la competencia de la SUNEDU para licenciar nuevos carreras fue especialmente funesta.
Señales de la contrarreforma
Hoy, en tal solo tres años, existen señales preocupantes de los efectos contrarreforma: cerca de 3000 nuevas carreras profesionales creadas en apenas dos años; la reaparición de universidades previamente denegadas bajo nuevas denominaciones —como el caso de la Universidad Alas Peruanas (UAP), hoy Universidad Politécnica del Perú (UPP)—; y la expansión masiva de filiales y programas académicos en determinadas universidades privadas.
El panorama actual evidencia cómo el lucro en la educación superior viene siendo privilegiado por la actual gestión de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU). En efecto, del análisis de las resoluciones e informes técnicos de licenciamiento publicados en su portal institucional, se advierte que la Universidad Señor de Sipán obtuvo autorización para la creación de tres nuevas filiales y programas; la Universidad Continental consiguió la apertura de dos filiales y trece programas adicionales; y la Universidad Tecnológica del Perú fue autorizada para implementar 105 nuevas carreras profesionales en tres filiales. La pregunta es inevitable: ¿se está priorizando la calidad educativa o el crecimiento comercial?
La SUNEDU se ha convertido en un “zombi”, un aparato burocrático que solo demanda mayores gastos al Estado. Por ello, resulta urgente realizar una investigación exhaustiva sobre los licenciamientos otorgados en los últimos años y reabrir el debate sobre el sistema universitario que el país necesita. No se trata de regresar al pasado, sino de construir un nuevo consenso que incorpore a estudiantes, docentes, autoridades, investigadores y a la sociedad en su conjunto.
Por otro lado, resulta oportuno no perder de vista la preocupante situación de la educación superior técnica y pedagógica. De los 1131 institutos tecnológicos, solo 140 cuentan con licenciamiento (12%); asimismo, de los 191 institutos pedagógicos, únicamente 42 están licenciados (22%).
El Perú requiere una reforma educativa con legitimidad social, construida desde el diálogo amplio y transparente, y no desde acuerdos cerrados ni enfoques tecnocráticos descontextualizados. La educación, desde el nivel básico hasta el superior, no debe ser un espacio de disputa política ni un negocio desregulado, sino un ámbito orientado a la formación integral, la investigación y el desarrollo del pensamiento crítico al servicio de la sociedad.
En ese marco, presentamos nuestras siete principales propuestas contra la mercantilización de la educación peruana:
Propuesta 1:
Crear una Comisión Investigadora para conocer la situación de las escuelas y colegios implementados gracias al silencio positivo. Nuestros niños, niñas y jóvenes merecen una educación de calidad.
Propuesta 2:
Promover una ley que exija condiciones básicas de calidad para el funcionamiento y creación de escuelas y colegios: infraestructura, servicios básicos, salud y formación docente.
Propuesta 3:
En cuanto a la educación universitaria, crear una Comisión Investigadora para fiscalizar la corrupción de la SUNEDU: licenciamientos, exoneraciones de multas a universidades privadas.
Propuesta 4:
Promover una Ley de moratoria que suspenda la creación y autorización de nuevas universidades y filiales, hasta que se garantice el cumplimiento previo de las condiciones básicas de calidad establecidas por la autoridad competente.
Propuesta 5:
Promover una Ley de retorno de competencias del Estado de supervisión de condiciones básicas de calidad para la creación y funcionamiento de nuevas carreras, universidades y filiales.
Propuesta 6:
Fortalecer la educación técnica y pedagógica, garantizando estándares de calidad, adecuada supervisión y articulación con las demandas del desarrollo productivo y social del país.
Propuesta 7:
Promover un diálogo social entre docentes, autoridades, estudiantes y académicos para una nueva reforma universitaria que revise los beneficios tributarios de las universidades privadas con fines de lucro, fortalezca la educación pública, implemente un sistema integral de becas y establezca un sistema de fiscalización de la educación superior que integre la educación universitaria, técnica y pedagógica.
Brayan Valentín Delgado: Bachiller en Ciencias con mención en Ingeniería Industrial por la Universidad Nacional de Ingeniería (2023). Estudios concluidos de maestría en Administración Estratégica de Empresas por CENTRUM de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actual Secretario Nacional de Organización del partido político Ahora Nación. Experiencia laboral en una compañía minera y en la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao. (Puedes ver su hoja de vida en este enlace).
* NOTA EDITORIAL: Franja Libre es una sección implementada por Congrezoo.pe en el contexto de las elecciones generales 2026. Quienes publican aquí lo hacen por invitación directa, previa revisión de sus perfiles, trayectoria y compromiso con los valores democráticos.
No incluimos a candidatos de partidos con representación en el actual Congreso, por tratarse de grupos políticos que han participado en el desmantelamiento sistemático de las instituciones democráticas y en la aprobación de leyes en contra del sistema de justicia, la seguridad ciudadana o la educación, y además han promovido o aprobado normas a favor de ilícitos como el crimen organizado o la minería ilegal.
Correo de contacto: congrezoo.pe@gmail.com.
