Wilber Huacasi Jorge Montoya, legislador del bloque conservador de la derecha peruana, tramitó esta semana un proyecto de ley con el propósito de declarar en emergencia y reorganización la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). La propuesta surge luego de las incidencias logísticas adversas que se presentaron durante las elecciones del 12 de abril en Lima y que, por ahora, ha tenido como desenlace la renuncia del titular de la entidad Piero Corvetto.
De prosperar este proyecto ley, se activaría una comisión especial con potestad para cesar a funcionarios de la ONPE, situación que puede generar mayor inestabilidad en un contexto de elecciones de segunda vuelta presidencial en marcha y comicios regionales y municipales programados también para el presente año.
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A continuación compartimos cinco datos claves sobre la iniciativa legislativa:
1. El contexto político
El proyecto (14452) es tramitado en un contexto político de permanente asedio contra la ONPE, por parte de un sector político de la derecha que no aceptó la derrota de Keiko Fujimori en las elecciones generales del 2021 y construyó una falsa narrativa de fraude. El autor del proyecto, Jorge Montoya, es precisamente quien presidió una comisión investigadora del supuesto fraude y cuyo informe final no fue aprobado por el pleno del Congreso.
2. Comisión reorganizadora
La iniciativa contempla la conformación de una comisión técnica de reorganización presidida por el titular de la ONPE. El grupo estaría integrado, además, por dos representantes del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y dos representantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Esta última entidad, como es público, ha venido adoptando decisiones en subordinación del Congreso, tal como ocurrió con las medidas arbitrarias adoptadas para reponer a Patricia Benavides en el Ministerio Público.
3. Remoción de funcionarios
Uno de los aspectos cruciales del proyecto de Montoya es que la comisión reorganizadora tendría potestad para remover y cesar en forma definitiva a funcionarios y trabajadores de la ONPE. El criterio que plantea el legislador es que puedan ser separados quienes eventualmente reporten «indicios razonables, suficientes y debidamente motivados de responsabilidad administrativa grave o inexcusable, o de afectación al servicio electoral».
Sin embargo, esos indicios de supuesta responsabilidad administrativa serían establecidos por una comisión reorganizadora cuya composición, con miembros de la subordinada JNJ, no genera garantías de imparcialidad en sus decisiones.
La potestad de remoción y cese de funcionarios de la ONPE en un contexto de elecciones podría generar mayor inestabilidad en un organismo que debe gozar de garantías de autonomía e independencia para sacar adelante las elecciones de segunda vuelta y los comicios regionales y municipales.
4. Plazo de funcionamiento
El proyecto contempla un plazo de seis meses de funcionamiento de la comisión reorganizadora y treinta días calendario adicionales para presentar ante el Congreso un informe con propuestas de reforma de la Ley Orgánica de la ONPE. Es decir, el grupo reorganizador funcionaría en paralelo con el desarrollo de las elecciones de segunda vuelta y los comicios subnacionales, en caso de que la propuesta sea aprobada por el actual Parlamento. Esto generaría inestabilidad en la institución.
5. Ausencia de argumentos
El legislador Jorge Montoya no desarrolla un análisis a profundidad en su proyecto sobre las condiciones que darían lugar al proceso de reorganización de la ONPE. El texto presentado tiene apenas una página y se limita a hacer un recuento de las incidencias logísticas que se presentaron en un sector Lima durante las elecciones generales del 12 de abril.
Bonus: el proyecto de ley
Si deseas revisar el proyecto de ley completo, puedes descargarlo desde este enlace del Congreso.
