Wilber Huacasi Un total de 88 congresistas peruanos que respaldaron la aprobación de leyes favorables para la minería ilegal buscan mantenerse en el poder durante los próximos cinco años. Todos ellos son aspirantes a la reelección para los cargos de senadores, diputados o parlamentarios andinos. En forma paralela, cuatro de estos postulan además a la presidencia de la República.
En la presente contienda electoral, 91 legisladores participan nuevamente como candidatos, gracias a reformas que aprobaron ellos mismos para permitir la reelección inmediata. De esta cifra, 88 reportan haber apoyado leyes que favorecieron a la minería ilegal. Tal información se desprende de una revisión detallada de las actas de las sesiones del Pleno del Congreso, las firmas de más de una veintena de proyectos de ley y los votos emitidos para la aprobación de los dictámenes en la Comisión de Energía y Minas.
Son cuatro las leyes aprobadas por el Congreso peruano en favor de la minería ilegal. Tres fueron para la ampliación reiterada del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y una cuarta norma tuvo como finalidad la derogatoria de un decreto que fortalecía el accionar policial en el control de determinados materiales destinados a la extracción mineral de manera ilícita.
Tres ampliaciones del Reinfo a favor de la minería ilegal
El Parlamento peruano, apenas se instaló en 2021, tuvo entre sus prioridades la extensión del Reinfo, cuyo plazo vencía aquel año. Este sistema de registro, por su diseño ambiguo y plagado de vacíos, ha sido duramente cuestionado por servir como manto para el funcionamiento impune de la minería ilegal en el Perú.
“El Reinfo, que fue creado en el año 2017, no logró su propósito. Ha funcionado como escudo para la ilegalidad y ha facilitado la explotación territorial de actividades ilegales, sobre todo en la Amazonía”, cuestiona Mariano Castro Sánchez-Moreno, exviceministro de Gestión Ambiental.
César Ipenza, abogado especializado en materia ambiental, apunta que cada año hay una diferencia de entre 40 y 60 toneladas de oro que nadie sabe de dónde sale. “Y esto se da porque los mineros de Reinfo compran oro de origen ilegal y luego lo terminan comercializando”, explica.
Si bien en el 2021 el país enfrentaba momentos de confrontación política, la ampliación del Reinfo desde el Congreso entrante tuvo un amplio consenso. El dictamen fue aprobado en la Comisión de Energía y Minas por unanimidad. Luego, una amplia mayoría de 105 legisladores emitieron su voto a favor, en un pleno realizado el 16 de diciembre de aquel año. Ese mismo día, 107 congresistas aprobaron la exoneración de la segunda votación. Solo faltaba la promulgación a cargo del Ejecutivo y esto ocurrió el último día del año. Así surgió la ley 31388, que ampliaba el Reinfo y la impunidad de la minería ilegal hasta el 31 de diciembre de 2024.
En vísperas de vencer este plazo aprobado por el actual Congreso, legisladores de distintas tiendas empezaron a presentar proyectos de ley para una nueva ampliación. Hubo hasta ocho iniciativas legislativas. Algunos ya se aventuraban a plantear la extensión hasta diciembre de 2027; algo que no prosperó (por ahora). Pero las propuestas avanzaron su trámite y nuevamente, al finalizar el 2024, los legisladores aprobaron un nuevo plazo con el mismo mecanismo: voto en el pleno y exoneración de segunda votación. Surgió entonces la ley 32213, que extendió la vigencia del Reinfo hasta junio de 2025.
Se trataba de un periodo corto y el Congreso, en medio de protestas y movilizaciones, tuvo que aprobar una tercera ley de ampliación del polémico Reinfo. En este caso, el procedimiento parlamentario fue más crítico: el dictamen fue aprobado en la Comisión de Energía y Minas, a pesar de que los legisladores no tenían en sus manos la versión final de la fórmula normativa.
Esta tercera ley se votó en el pleno y no hubo segunda votación. La ratificación procedió únicamente desde la Comisión Permanente, con apenas 13 votos a favor. Esa es la norma vigente: ley 32537, con un plazo que va hasta diciembre de 2026.
Cuarta ley: debilitamiento de la lucha contra la minería ilegal
Una cuarta ley fue aprobada por el Congreso peruano para derogar una norma del Poder Ejecutivo que buscaba fortalecer el rol de la Policía Nacional en la lucha contra la minería ilegal.
Palacio de Gobierno había emitido el decreto legislativo 1607, en el contexto de la lucha contra la criminalidad organizada. Esta norma incluía una disposición complementaria que asignaba funciones a la Policía Nacional, para adoptar medidas contra los mineros que porten artefactos y materiales explosivos sin autorización administrativa.
Bajo la interpretación de que se trataba de una norma inconstitucional, en el Congreso surgieron hasta seis proyectos de ley para apurar su derogatoria. Los legisladores Hamlet Echeverría y Sigrid Bazán, que ahora postulan a la reelección y que no habían apoyado ninguna de las tres ampliaciones del Reinfo, en esta oportunidad sí pusieron su firma en una iniciativa para traerse abajo el decreto del Ejecutivo.
Además, Sigrid Bazán, como portavoz de su bancada Juntos por el Perú, apoyó con su firma un acta de exoneración y entonces el Parlamento evitó que el tema sea analizado con detenimiento en las comisiones de Energía y Minas, y Justicia. Así surgió la cuarta ley favorable a los intereses de la minería ilegal: ley 31989 del 20 de marzo de 2024.
Nuevas ampliaciones en el horizonte
En particular, el tema Reinfo cobra relevancia en la presente coyuntura electoral, ya que la gran mayoría de legisladores apoyaron las ampliaciones consecutivas y ahora postulan a la reelección. ¿Qué podría pasar cuando venza el nuevo plazo de diciembre de 2026?
Una revisión efectuada a los planes de gobierno de los actuales partidos en contienda deja en evidencia que al menos diez grupos políticos evitan abordar el tema Reinfo. “A pesar de todo lo que implica, lamentablemente la minería ilegal en el país sigue siendo un tema invisible”, cuestiona César Ipenza.
El experto en derecho ambiental considera que el próximo gobierno no debería generar nuevas ampliaciones. «El Reinfo es un proceso extraordinario. Yo creo que deberían avanzar con la formalización y, si no avanzan, sencillamente los mineros tendrían que ir por la vía ordinaria. Es decir, primero tendrán que cumplir con la ley para luego recién operar», explica.
El viceministro Mariano Castro observa que algunos partidos plantean nuevas instituciones, sin atender el problema de fondo. “Algunos proponen nuevos registros o agencias, supuestamente para resolver el tema. En realidad, eso no llega a ser una solución. Cambiarle solo el nombre al Reinfo, sin cambiar la lógica de la política estatal, solamente va a agravar el problema”, alerta.
Desde los actores políticos que intentan la reelección, sin embargo, ya han surgido proyectos que apuntan hacia nuevas ampliaciones. José Luna Gálvez, candidato a la presidencia y para el Senado por el partido Podemos Perú, firmó un proyecto para ampliar el Reinfo hasta el 30 de junio de 2029. Roberto Sánchez Palomino, aspirante a la presidencia y para la Cámara de Diputados por Juntos por el Perú, tiene su rúbrica como adherente en una iniciativa normativa que propone la extensión hasta el 31 de diciembre de 2030.
Detalle de las votaciones
De acuerdo con la información del Parlamento y las listas de postulantes, los congresistas que van a la reelección y que apoyaron normas favorables para la minería ilegal forman parte de 14 partidos. Es decir, varios de ellos ya cambiaron y postulan por nuevos grupos políticos.
Adicionalmente, tenemos los casos de Hamlet Echeverría y Sigrid Bazán, quienes nunca emitieron un voto en el pleno a favor de las leyes pro minería ilegal pero sí firmaron un proyecto con dicha propuesta (7049). En este caso, Bazán además ayudó a facilitar la aprobación de lo que fue luego la ley 31989, sin contar con los dictámenes previos de comisión.
Otro legislador que tampoco votó a favor de estas normas en el pleno es Jorge Montoya. Pero una revisión más detallada de las actas permite establecer que emitió su voto a favor de la tercera ampliación del Reinfo (ley 32537), en la etapa de aprobación del dictamen, en la Comisión de Energía y Minas. El parlamentario tramitó luego un oficio para cambiar su voto, pero los plazos estaban vencidos.
