La Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia (JUSDEM) emitió un pronunciamiento de rechazo a la denuncia tramitada por Fernando Rospigliosi contra el juez Richard Concepción Carhuancho, por ejercer control de convencionalidad e inaplicar la ley de impunidad y amnistía para militares y policías vinculados con crímenes y otros graves delitos (ley 32107), norma que impulsó el partido de Keiko Fujimori desde el Parlamento.
En su comunicado, el gremio de magistrados calificó como legítimo y obligatorio el mecanismo aplicado por Richard Concepción Carhuancho, al estar reconocido por la Constitución y respaldado por la jurisprudencia nacional e interamericana. Según JUSDEM, el control difuso de convencionalidad es un deber funcional ineludible del Poder Judicial para garantizar la supremacía de la Constitución y de los tratados internacionales de derechos humanos.
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«Este mecanismo (el control de convencionalidad), expresamente reconocido por la Constitución, así como por la jurisprudencia nacional e interamericana, constituye un deber funcional ineludible del Poder Judicial para garantizar la supremacía de la Constitución y de los tratados internacionales de derechos humanos», expresaron los magistrados integrantes de JUSDEM.
La asociación advirtió que desconocer esta obligación no solo vulnera los mandatos constitucionales, sino que también podría comprometer la responsabilidad internacional del Estado peruano frente a instancias supranacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Asimismo, JUSDEM recordó que los jueces y juezas peruanos tienen la responsabilidad de verificar la compatibilidad de las leyes con los tratados internacionales suscritos por el país. Este compromiso, subrayaron, ha sido reafirmado por el propio Estado peruano en múltiples intervenciones ante organismos internacionales de derechos humanos.
Pedido de destitución
El pronunciamiento de JUSDEM surgió luego de que el fujimorista Fernando Rospigliosi diera a conocer que presentó una denuncia contra Richard Concepción Carhuancho ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ), instancia que, como es público, está controlado también por la mayoría del Parlamento.
La denuncia del fujimorista se dio debido a que Richard Concepción Carhuancho inaplicó la ley 32107 en el caso de matanza de comuneros de San Martín de Chupón, en Ayacucho. Rospigliosi ha planteado la destitución del mencionado juez.
JUSDEM lamentó que se pretenda criminalizar decisiones judiciales que se ajustan al derecho nacional e internacional, al considerar que ello genera un clima de hostilidad que atenta contra la independencia del Poder Judicial. “Se busca inhibir a jueces y juezas en el cumplimiento de su deber”, advirtieron.
