El proceso de descentralización, iniciado el año 2002, sigue siendo una agenda pendiente en la política pública de alcance nacional. Si bien a estas alturas corresponde repensar en un nuevo diseño del proceso de descentralización, también es importante analizar los avances de cada uno de los sectores en este proceso y su repercusión en el desarrollo del país.
Uno de los sectores que ha presentado un nulo avance en el proceso de descentralización es Cultura, situación que resulta paradójica para el Perú, cuya riqueza histórica y cultural se sustenta precisamente en los sitios arqueológicos que constituyen el legado de Caral, la civilización más antigua de América, del imperio incaico, así como de las culturas precolombinas como es el caso de los Chimú, Mochica, Chavín, Paracas, Wari, Tiahuanaco, entre otras.
En el año 2010, con la creación del Ministerio de Cultura, sobre la base del Instituto Nacional de Cultura (INC), a través de la novena disposición complementaria de la ley 29565, se dispuso un plazo de 120 días para que el Poder Ejecutivo transfiera las unidades departamentales del INC a los gobiernos regionales para implementar la descentralización del sector Cultura. Sin embargo, a lo largo de estos años, esta disposición no se cumplió debido a los pedidos de Ministerio de Cultura para prorrogar su vigencia.
Esta postergación ha tenido una repercusión nefasta en perjuicio de la protección de los sitios y monumentos arqueológicas, así como de la puesta en valor del patrimonio cultural de todos los peruanos. Durante nuestro trabajo al frente de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural del Congreso, logramos bloquear nuevas prórrogas. Así, desde el 1 de enero del año 2023, se encuentra plenamente vigente la disposición legal que establece la transferencia de las direcciones desconcentradas a los gobiernos regionales, pero el avance desde el Poder Ejecutivo es muy lento. No solo se trata de transferir oficinas, personal o la precaria infraestructura existente, sino de elaborar los lineamientos para establecer competencias exclusivas a cargo del Ministerio de Cultura y las competencias compartidas con los gobiernos regionales y locales, en aras de velar por la adecuada gestión del patrimonio cultural de todos los peruanos.
Mientras el Ministerio de Cultura no concluya con el diseño de estos lineamientos, seguiremos siendo testigos de la pérdida y deterioro del legado histórico y cultural de los antiguos peruanos. Al mismo tiempo, perderemos la oportunidad de diversificar las rutas turísticas y de proponer nuevas alternativas para generar recursos que dinamicen la economía de las diversas localidades que albergan sitios, monumentos o restos arqueológicos.
Asimismo, la toma de decisiones de manera centralista, hacen que desde Lima se decida sobre el patrimonio cultural de las regiones, sin considerar los efectos sociales que estas decisiones pueden tener. Un claro ejemplo de ello fue lo sucedido con el ingreso al Santuario Arqueológico de Machu Picchu a inicios de 2024, lo cual motivó un paro social ante la decisión del Ministerio de Cultura de contratar a una empresa para la venta de las entradas. El resultado fue la implementación de una plataforma del Estado para la venta de los boletos, lo que demuestra que esa opción pudo haberse adoptado desde un inicio, si se tomaba en cuenta la opinión y la realidad de las regiones.
«Mientras el Ministerio de Cultura no concluya con el diseño de estos lineamientos, seguiremos siendo testigos de la pérdida y deterioro del legado histórico y cultural».
Este tipo de situaciones se replican a nivel nacional. La falta de descentralización de las competencias tiene también implicancias en la falta de asignación de competencias claras para la protección del patrimonio cultural. Las consecuencias de ello son concretas y visibles: invasiones, afectación y deterioro del patrimonio. Un ejemplo de ello es la situación del Complejo Arqueológico de Chan Chan, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco en 1988 y cuya área intangible está amenazada por invasores, ante la falta de capacidad de la Dirección Desconcentrada de La Libertad, que depende del Ministerio de Cultura.
Como se observa la opción por el centralismo en el sector Cultura ha fracasado rotundamente. El Ministerio de Cultura no cuenta con la capacidad para abarcar la protección y puesta en valor del patrimonio cultural a nivel nacional. Con ello también se limitan las enormes oportunidades que el turismo puede ofrecer a las regiones.
El mayor activo turístico que tiene nuestro país es nuestro patrimonio cultural. No solo Machu Picchu, sino también Caral, Chan Chan, El Gran Pajatén, La Fortaleza de Kuellap y tantas otras maravillas que existen en el Perú. Todas tienen el potencial de atraer a miles de turistas nacionales y extranjeros, generando puestos de trabajo y dinamizando la economía; sin embargo, no todas cuentan con los mismos recursos para su puesta en valor e implementación de los servicios turísticos necesarios.
Solemos escuchar que no existe presupuesto para la cultura o que existen otros asuntos prioritarios. Sin duda las necesidades de nuestro país son muchas, pero en el caso de la cultura, lo que se requiere es una gestión eficiente de los recursos disponibles. Soy un convencido de que el fortalecimiento del turismo es una vía efectiva para reactivar la economía local y poner en valor nuestro patrimonio cultural.
Por ello, es necesario priorizar las inversiones que generan activos para nuestras regiones por sobre el gasto en actividades y servicios de promoción o difusión. No debemos olvidar que el gran atractivo turístico de nuestro país, por el que es reconocido en todo el mundo, es su vasto patrimonio cultural, el cual, lamentablemente, adolece de falta de inversión para su protección y puesta en valor. Para lograrlo, es necesario que el Poder Ejecutivo cumpla con su obligación legal de descentralizar el sector Cultura.
