Wilber Huacasi Un total de 88 congresistas peruanos que respaldaron la aprobación de leyes favorables a la minería ilegal e informal buscan mantenerse en el poder durante los próximos cinco años. Todos ellos son aspirantes a la reelección para los cargos de senadores, diputados o parlamentarios andinos. En forma paralela, cuatro de ellos se postulan también a la Presidencia de la República.
En la presente contienda electoral, 91 legisladores participan nuevamente como candidatos, gracias a reformas que aprobaron ellos mismos para permitir la reelección inmediata. De esta cifra, 88 figuran apoyando leyes que favorecieron a la minería ilegal e informal. La información se desprende de una revisión de Mongabay Latam de las actas de las sesiones del Pleno del Congreso, las firmas de más de una veintena de proyectos de ley y los votos emitidos para la aprobación de los dictámenes en la Comisión de Energía y Minas.
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Son cuatro las leyes aprobadas por el Congreso peruano que favorecen la minería ilegal e informal. Tres fueron para la ampliación reiterada del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y una cuarta norma tuvo como finalidad la derogatoria de un decreto que fortalecía el accionar policial en el control de determinados materiales destinados a la extracción mineral de manera ilícita.
Reinfo: un registro clave en la minería informal e ilegal
El actual Parlamento peruano, apenas se instaló en 2021, tuvo entre sus prioridades la extensión del Reinfo, cuyo plazo vencía aquel año. Este sistema de registro, por su diseño ambiguo y plagado de vacíos, ha sido duramente cuestionado por expertos por servir como manto para el funcionamiento de la minería ilegal en Perú.
El sistema del Reinfo fue creado para las personas y sociedades que se dedican a la pequeña minería y a la minería artesanal sin contar con autorización. La normatividad vigente establece que estos operadores mineros, mientras estén inscriptos en el registro, están eximidos de responsabilidad penal por minería ilegal.
“El Reinfo, que fue creado en 2017, ha funcionado como escudo para la ilegalidad y ha facilitado la explotación territorial de actividades ilegales, sobre todo en la Amazonía”, cuestiona Mariano Castro Sánchez-Moreno, exviceministro de Gestión Ambiental.
César Ipenza, abogado especializado en materia ambiental, apunta que cada año hay una diferencia de entre 40 y 60 toneladas de oro que nadie sabe de dónde salen. “Y esto se da porque en algunos casos los mineros del Reinfo compran oro de origen ilegal y luego lo terminan comercializando”, explica.
Tres leyes de ampliación del Reinfo en el actual Congreso
Si bien en 2021 el país enfrentaba momentos de confrontación política, la ampliación del Reinfo desde el Congreso entrante tuvo un amplio consenso. El dictamen fue aprobado en la Comisión de Energía y Minas por unanimidad. Luego, una mayoría de 105 legisladores emitieron su voto a favor, en un pleno realizado el 16 de diciembre de aquel año. Ese mismo día, 107 congresistas aprobaron la exoneración de la segunda votación. Solo faltaba la promulgación a cargo del Ejecutivo y esto ocurrió el último día del año. Así surgió la ley 31388, que ampliaba el Reinfo hasta el 31 de diciembre del 2024.
Cuando estaba por vencer el plazo aprobado por el actual Congreso, legisladores de distintas tiendas empezaron a presentar proyectos de ley para una nueva ampliación. Hubo hasta ocho iniciativas legislativas. Algunos ya se aventuraban a plantear la extensión hasta diciembre de 2027, algo que no prosperó (por ahora).
Las propuestas avanzaron su trámite y nuevamente, al finalizar 2024, los legisladores aprobaron un nuevo plazo con el mismo mecanismo: voto en el pleno y exoneración de segunda votación. El Gobierno dio el paso siguiente y promulgó la ley 32213, que extendió la vigencia del Reinfo hasta junio de 2025.
Se trataba de un periodo corto y el Congreso, en medio de protestas y movilizaciones, tuvo que aprobar una tercera ley de ampliación. El dictamen fue aprobado en la Comisión de Energía y Minas, a pesar de que los legisladores no tenían en sus manos la versión final de la fórmula normativa.
Esta tercera ley se votó en el pleno y no hubo segunda votación. La ratificación procedió únicamente desde la Comisión Permanente, con apenas 13 votos a favor. Esa es la norma vigente: ley 32537, con un plazo que va hasta diciembre de 2026.
Cuarta ley: debilitamiento de la lucha contra la minería ilegal
Una cuarta ley fue aprobada por el Congreso peruano para derogar una norma del Poder Ejecutivo que buscaba fortalecer el rol de la Policía Nacional en la lucha contra la minería ilegal.
El Poder Ejecutivo había emitido el decreto legislativo 1607, en el contexto de la lucha contra la criminalidad organizada. Esta norma incluía una disposición complementaria que asignaba funciones a la Policía Nacional para adoptar medidas contra los mineros que porten artefactos y materiales explosivos sin autorización administrativa.
Bajo la interpretación de que se trataba de una norma inconstitucional, en el Congreso surgieron hasta seis proyectos de ley para apurar su derogatoria. El texto final fue aprobado en el pleno sin contar con dictámenes de las comisiones especializadas. Así surgió la cuarta ley favorable a los intereses de la minería ilegal: ley 31989 del 20 de marzo de 2024.
Nuevas ampliaciones en el horizonte
En particular, el tema Reinfo cobra relevancia en la presente coyuntura electoral, ya que la mayoría de legisladores apoyaron las ampliaciones consecutivas y ahora postulan a la reelección. ¿Qué podría pasar cuando venza el nuevo plazo de diciembre de 2026?
Una revisión efectuada a los planes de gobierno de los actuales partidos en contienda deja en evidencia que al menos diez grupos políticos evitan abordar el tema Reinfo. “A pesar de todo lo que implica, lamentablemente la minería ilegal en el país sigue siendo un tema invisible”, cuestiona César Ipenza.
El experto en derecho ambiental considera que el próximo gobierno no debería generar nuevas ampliaciones. «El Reinfo es un proceso extraordinario. Yo creo que deberían avanzar con la formalización y si no avanzan, sencillamente los mineros tendrían que ir por la vía ordinaria. Es decir, primero tendrán que cumplir con la ley para luego recién operar», explica.
El exviceministro Mariano Castro observa que algunos partidos plantean nuevas instituciones, sin atender el problema de fondo. “Algunos proponen nuevos registros o agencias, supuestamente para resolver el tema. En realidad eso no llega a ser una solución. Cambiarle solo el nombre al Reinfo, sin cambiar la lógica de la política estatal, solamente va a agravar el problema”, alerta.
Para Wendy Ancieta, coordinadora jurídica de Política y Gobernanza Ambiental de la SPDA, “es imperante que el Congreso de la República detenga las iniciativas que buscan mantener vivo el Reinfo o flexibilizar sus requisitos”.
Desde los actores políticos que intentan la reelección, sin embargo, ya han surgido proyectos que apuntan hacia nuevas ampliaciones. José Luna Gálvez, candidato a la Presidencia y para el Senado por el partido Podemos Perú, firmó un proyecto para ampliar el Reinfo hasta el 30 de junio de 2029. Roberto Sánchez Palomino, aspirante a la Presidencia y para la Cámara de Diputados por Juntos por el Perú, tiene su rúbrica como adherente en una iniciativa normativa que propone la extensión hasta el 31 de diciembre de 2030.
Otros dos parlamentarios que postulan a la Presidencia de la República y que apoyaron las normas bajo análisis son Roberto Chiabra, con la Alianza Unidad Nacional, y José Williams de Avanza País.
Las votaciones según los grupos políticos
De acuerdo con la información del Parlamento y las listas de postulantes, los congresistas que van a la reelección y que apoyaron normas favorables para la minería ilegal son 88 y forman parte de 14 partidos. Es decir, varios ya cambiaron de tienda política y ahora postulan por nuevos grupos.
Desde un análisis más detallado, 85 fueron los congresistas que dieron su apoyo directo a las leyes que favorecen la minería ilegal e informal a través de sus votaciones, principalmente en las sesiones del pleno. La siguiente tabla permite conocer los votos que aportaron los congresistas y hoy aspirantes a la reelección para la aprobación de estas normas, según el grupo político por el cual postulan.
Otras formas de apoyo
Pero hubo además otras formas de apoyo indirecto a las cuatro leyes bajo análisis. Los legisladores Hamlet Echeverría y Sigrid Bazán, que ahora postulan a la reelección y que votaron en contra de las tres ampliaciones del Reinfo, respaldaron la aprobación de la ley 31989, que limita las funciones de la Policía Nacional en la lucha contra la minería ilegal. Lo hicieron al consignar sus firmas en uno de los proyectos tramitados (el 7049) para dejar sin efecto el decreto 1607 del Ejecutivo.
Además, Sigrid Bazán, como portavoz de su bancada Juntos por el Perú, apoyó con su firma un acta de exoneración del proyecto 7278, cuyo tenor es el mismo y, de este modo, el Parlamento evitó que el tema sea analizado con detenimiento en las comisiones de Energía y Minas y Justicia, antes de pasar al pleno.
Mongabay Latam consultó a Echeverría pero no obtuvo respuesta. Este medio también solicitó la versión de Sigrid Bazán. Al referirse al proyecto 7049, Bazán apuntó que el autor fue su colega Roberto Kamiche y que el trámite requiere las firmas de los otros miembros de la bancada. «Es algo meramente procedimental», dijo.
Sobre el proyecto 7278 exonerado de dictámenes, la legisladora sostuvo que «se firmó el acuerdo de Junta de Portavoces con la idea de que el tema se zanje rápido y pase al archivo, luego de una coordinación con otras bancadas». La iniciativa, sin embargo, no fue archivada en el pleno.
El abogado especialista en derecho ambiental César Ipenza, en diálogo con Mongabay Latam, recordó que el decreto 1607 “le daba el mandato a la Policía Nacional para incautar explosivos que estaban siendo utilizados o transportados por mineros informales con Reinfo suspendido”.
“¿Qué significa? —explica Ipenza—, se supone que un minero con Reinfo suspendido no puede operar. Entonces, ¿por qué tendría que tener explosivos si no está operando? Vimos entonces cómo diversos partidos jugaron a favor de esta situación porque no había ningún dictamen sobre la materia y se aprobó esta derogatoria de manera exprés. Nuevamente vemos cómo el Congreso de la República aprueba iniciativas que facilitan la criminalidad”.
“A partir de esta derogatoria, la Policía ya no puede intervenir en casos de tenencia ilegal de explosivos, uno de los insumos más controlados por el Estado y al que se supone solo tienen acceso empresas formales. Tampoco pueden incautar mercancía ilegal”, agrega Julia Cuadros, especialista de la organización CooperAcción.
Wendy Ancieta, de la SPDA, considera que el Poder Ejecutivo debe insistir en medidas más drásticas “para frenar los estragos de las actividades ilegales e informales”. Apunta además que la “política de lucha contra la minería ilegal e informal solo será efectiva si ambos poderes del Estado trabajan juntos para lograrlo”.
Otro legislador que siempre votó en contra de las ampliaciones del Reinfo en el pleno es Jorge Montoya. Pero una revisión más detallada de las actas permite establecer que emitió su voto a favor en un dictamen de la Comisión de Energía y Minas, para el caso de la ley 32537 (tercera extensión del plazo).
Solicitamos una explicación sobre el tema al legislador y esta fue su respuesta: “Nunca he estado a favor de la ampliación del Reinfo y nunca he cambiado de opinión. Ese día estuve en virtual y hubo un problema de comunicación. Pedí por escrito el cambio de votación”. Según los expedientes del Congreso, su solicitud no fue atendida porque el plazo ya había vencido.
* Informe publicado en alianza con Mongabay Latam.
