El Colegio de Abogados de Ayacucho (CAA) presentó este martes 27 una demanda de inconstitucionalidad contra la ley 32330 del Congreso, que incorpora a los adolescentes de 16 y 17 años como sujetos de sanción penal. Esta polémica norma, que fue promulgada sin reparos por la mandataria Dina Boluarte, ahora pasa para su análisis al Tribunal Constitucional (TC).
El escrito fue ingresado por mesa de parte del TC a la una de la tarde. Suscriben la demanda Richard Almonacid, decano del Colegio de Abogados de Ayacucho, además de los abogados Víctor Cabrera, Cristian León y José Martín Bonilla.
Los demandantes recuerdan que la Convención sobre los Derechos del Niño establece que los estados no pueden reducir la edad mínima para imputar responsabilidad penal de una persona. Esto no fue acatado por el Congreso, a pesar de que el Perú firmó y ratificó dicho instrumento internacional en 1990.
Los abogados también hacen mención a un informe de la Defensoría, donde se precisa que a las personas menores de edad que infringen en las leyes penales se les reconoce una responsabilidad penal especial, distinta a la de los adultos.
Un tercer reporte que consigna la demanda es el comunicado remitido por UNICEF al Congreso, en el año 2024, donde se menciona que “privar a los niños de su libertad significa exponerlos a una forma de violencia estructural”. Además se agrega que lejos de cumplir con una función resocializadora, “el encierro ofrece una socialización en la violencia”.
En manos del TC
La ley 32330 fue aprobada en el Congreso gracias a iniciativas legislativas impulsadas por Juan Burgos, Roberto Chiabra, Alejandro Muñante y José Luna. El texto fue dictaminado a inicios de julio del 2024 nada menos que en la Comisión de Justicia, que presidía el cerronista Américo Gonza (Perú Libre).
Votaron a favor del dictamen el mismo Américo Gonza, además de Alejandro Muñante, María Acuña, Flavio Cruz, Heidy Juárez, Patricia Juárez, Jorge Morante y Kelly Portalatino.
Ya en el pleno, la norma tuvo el respaldo en votos en la segunda votación de las bancadas Fuerza Popular, Podemos Perú, Perú Libre, Renovación Popular, Acción Popular, Somos Perú y algunos del Bloque Magisterial, aunque apenas sumaron 43 votos.
La norma ahora será sometida a un análisis por el Tribunal Constitucional (TC), una instancia cuyos miembros todavía vienen resolviendo mayoritariamente a favor de los intereses del Congreso que los eligió en medio de cuestionamientos por falta de transparencia.
