Once fueron los congresistas que el pasado viernes 20 de junio emitieron su voto a favor del blindaje a Dina Boluarte y la declaratoria de improcedencia de las cuatro denuncias constitucionales vinculadas a los crímenes cometidos por el Ejército y la Policía Nacional durante las protestas sociales del sur del país.
El blindaje provino de las bancadas de la derecha, principalmente Fuerza Popular de Keiko Fujimori, que aportó disciplinadamente con cuatro votos a favor de la improcedencia de las cuatro denuncias. (Ya antes el fujimorismo jugó un rol crucial para el archivo de la denuncia constitucional presentada por el Ministerio Público en el caso Rólex).
También votaron a favor de la improcedencia tres legisladores del partido Renovación Popular de Rafael López Aliaga, dos de APP de César Acuña y uno de Acción Popular.
En el caso de Acción Popular, el voto reiterado a favor de la improcedencia fue de Luis Aragón Carreño, congresista representante de Cusco, región donde también hubo dos personas asesinadas por la Policía: el joven Rosalino Flores Valverde (22 años) y Remo Candia Guevara (41 años).
Alianza para el blindaje
El partido Alianza Para el Progreso (APP) de César Acuña jugó un rol crucial en este blindaje. Esto debido a que tienen a su cargo la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), que preside nada menos que la hermana del citado empresario: María Acuña Peralta.
Esta legisladora, al cierre de su gestión como presidenta de la SAC aseguró en la práctica el archivo de las cuatro denuncias constitucionales presentadas por congresistas por los crímenes cometidos en las protestas sociales.
Debido a la práctica parlamentaria, la presidencia de cada comisión se encarga de definir qué temas prioriza o no para cada sesión. En el caso de la SAC, la presidencia también tiene incidencia directa en su equipo técnico, para definir el curso de las denuncias y, desde luego, los eventuales blindajes.
En este ocasión, el equipo técnica de la SAC a cargo de APP, elaboró los cuatro informes de calificación con la propuesta para declarar la improcedencia de las denuncias 334 (presentada por Ruth Luque), 340 y 349 (de Silvana Robles), y 389 (de Jaime Quito). Las tres primeras atribuían posibles delitos e infracción constitucional a Dina Boluarte por las muertes. La última, solo infracción constitucional y focaliza su atención en cuestionamientos a la legalidad de la sucesión presidencial.
Blindaje desde la virtualidad
Salvo María Acuña, que preside la SAC, y Jorge Montoya, que tiene a su cargo la vicepresidencia, todos los demás legisladores no estuvieron presentes físicamente en la sesión del viernes último. Es decir, no dieron la cara para defender sus votos a favor de las improcedencias y el blindaje.
Tampoco hubo debate. En las cuatro oportunidades en que María Acuña dio pase a las intervenciones sobre las cuatro denuncias en cuestión, ningún legislador pidió el uso de la palabra. Todo fue en automático.
Detalle de los votos
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