Yvette Sierra Praeli - Mongabay Latam Un proyecto de ley que nuevamente busca abrir las puertas para la explotación de hidrocarburos en las áreas naturales protegidas ha sido presentado en el Congreso peruano. Se trata de la Ley que declara de interés y prioridad estratégica nacional el desarrollo de la cuenca gasífera de Madre de Dios para el fortalecimiento de la seguridad energética del Perú y el desarrollo de la Amazonía, propuesta por el congresista Eduardo Salhuana Cavides, del partido Alianza Para el Progreso, junto con otros seis parlamentarios de la misma agrupación: Nelcy Heidinger, Idelso Garcia, Lady Camones, Gustavo Cordero, Roberto Chiabra, Jorge Luis Flores Ancachi.
Sin embargo, no es la primera vez que llega al Congreso una iniciativa para que se realicen trabajos de exploración y explotación de hidrocarburos en ecosistemas altamente biodiversos, como son las áreas protegidas. En los últimos cinco años dos iniciativas legislativas —en 2023 y 2025— se han planteado con el fin de permitir actividades extractivas en ellas. Esta última se dio cuando el congresista Jorge Luis Flores Ancachi —quien también apoya la propuesta actual— presentó un proyecto para que se modifique la Ley de Áreas Naturales Protegidas y se abra la posibilidad de realizar actividades extractivas en estos ecosistemas. En esa ocasión la propuesta fue archivada.
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La norma presentada ahora es específica para la denominada cuenca gasífera de Madre de Dios, que comprende áreas de los departamentos de Madre de Dios, Cusco y Puno, lugares en los que se promoverán actividades de exploración, explotación y aprovechamiento del gas natural, según indica el proyecto. Esta iniciativa se encuentra en las comisiones de Energía y Minas y de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso.
La propuesta también especifica que se “autorizarán de manera excepcional” estas actividades dentro de tres áreas naturales protegidas: Parque Nacional del Manu, Parque Nacional Bahuaja Sonene y la Reserva Comunal Amarakaeri.
La iniciativa surgió el 20 de marzo, después de que ocurriera una crisis energética en Perú a causa de una fuga en el ducto del yacimiento de gas de Camisea, en la selva de Cusco, que ocasionó el desabastecimiento de gas natural en todo el territorio nacional.
Según el texto del proyecto de ley, lo que se busca es impulsar el desarrollo de la Cuenca Gasífera de Madre de Dios, para reducir la vulnerabilidad del país frente a eventuales restricciones o desabastecimientos en los mercados internacionales de combustibles.
“El proyecto de ley se basa, exclusivamente, en el contexto de la crisis energética que hemos tenido hace muy poco”, señala Katherine Sánchez, coordinadora legal del Programa de Biodiversidad y Pueblos Indígenas de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA).
Juan Luis Dammert, consultor en el Grupo de Análisis para el Desarrollo (Grade), señala que se trata de una respuesta coyuntural al problema del desabastecimientos del gas. “Me parece un proyecto inadecuado”, cuestiona Dammert y señala que con esta iniciativa no se está atacando el problema que generó la crisis energética “que es la vulnerabilidad del país, porque Camisea cuenta con un solo ducto y no tiene un reemplazo”.
Amenazas en áreas protegidas
“Hemos hecho un análisis que demuestra que los lotes a los que hace mención este proyecto de ley se superponen a zonas de protección estricta de estas áreas naturales protegidas [Parque Nacional Bahuaja Sonene y Reserva Comunal Amarakaeri]”, señala Sánchez, de la SPDA.
El análisis elaborado por esta ONG ofrece mapas que demuestran cómo la zona denominada área Candamo (XCII) se superpone con la zona de protección estricta del Parque Nacional Bahuaja Sonene, mientras que el área MD-XP-001 (ex Lote 76) se traslapa con las zonas de aprovechamiento directo, histórico-cultural, de protección estricta, de recuperación, silvestre, y zona de uso turístico y recreativo de la Reserva Comunal Amarakaeri. Una tercera zona, el área XCIII no ha sido evaluada en este informe.
Sánchez precisa que en el proyecto de ley se mencionan tres áreas de prospección gasífera pero no se detalla el impacto de cada una de éstas sobre las áreas naturales protegidas que han sido mencionadas. “Se omite información importante a la ciudadanía y a los demás congresistas”, asegura.
“La iniciativa busca generar una excepción para que se realice actividad hidrocarburífera en tres áreas naturales protegidas: dos parques nacionales y la reserva comunal Amarakaeri. Esta excepción es un punto clave de controversia”, comenta Sánchez y agrega que las zonas donde se realizaría la explotación de gas “son consideradas el ‘corazón’ de las áreas naturales protegidas, donde no se permite ningún tipo de actividad extractiva debido a su alta biodiversidad”.
En el informe elaborado por SPDA se explica que en el caso de los parques nacionales se trata de las categorías de mayor nivel de protección dentro de las áreas naturales protegidas debido a su alto valor de biodiversidad. “Estas categorías de áreas no permiten la extracción de recursos naturales, ni modificaciones o transformaciones del ambiente natural”. En este caso son los parques nacionales Manu y Bahuaja Sonene los que estarían amenazados. “En los parques nacionales, la legislación vigente y los tratados internacionales prohíben cualquier tipo de actividad extractiva. El proyecto de ley, al proponer una excepción para parques como El Manu y Bahuaja Sonene, iría en contra de estas normativas”.
Sánchez también explica que dentro de las áreas protegidas existe una zonificación que va desde restricciones totales hasta permitir diversos usos de los recursos. La zonificación más restrictiva es la de protección estricta. “Un espacio donde no se puede hacer nada porque allí está la mayor muestra de biodiversidad del área natural protegida”. En el caso del Parque Nacional Bahuaja Sonene, añade, la superposición ocurre justamente con la zona de protección estricta. “La entrada de actividades en zonas de protección estricta es un supuesto que no ha ocurrido antes en nuestro país, así que no podríamos magnificar los impactos ambientales y eso es preocupante”.
Juan Luis Dammert menciona que la industria de hidrocarburos está en declive en Perú y que para recuperar terreno, “una de sus estrategias es entrar a las áreas naturales protegidas, como Bahuaja Sonene, donde se sabe que hay un yacimiento”.
Mongabay Latam consultó al Servicio Nacional de Áreas Protegidas por el Estado (Sernanp) para saber cuál era su posición sobre el tema, pero hasta el cierre de esta edición no obtuvimos respuesta.
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Derechos indígenas bajo presión
En relación a la Reserva Comunal Amarakaeri, el estudio de SPDA señala que la zona de exploración gasífera se superpone con dos monumentos declarados Patrimonio Cultural de la Nación por el Estado. “Dicha zonificación debe ser respetada y establecerse los usos conforme a su especial naturaleza”, aclara Sánchez.
La experta de SPDA señala que aunque este tipo de área natural protegida permite ciertos tipos de extracción de recursos naturales, el proyecto de ley omite que dentro de la Reserva Comunal Amarakaeri existen dos lugares sagrados que son patrimonio cultural: el Rostro Harakbut y la Casa del Inca.
“Para nosotros es una amenaza directa al territorio ancestral de la Reserva Comunal Amarakaeri”, señala Walter Quertehuari, presidente del ECA (Ejecutor del Contrato de Administración) de la Reserva Comunal Amarakaeri. “En el año 2021 se logra que se reconozcan los lugares sagrados —Rostro Harakbut y la Casa del Inca— como Patrimonio de la Nación”, por tanto, dice Quertehuari, esta actividad extractiva no es compatible con los procesos que están siguiendo las comunidades nativas de Amarakaeri para lograr una vida plena dentro del modelo de cogestión de una reserva comunal.
Mongabay Latam consultó con el Ministerio de Cultura cuál era su posición sobre el tema. Mediante una comunicación escrita respondieron que «actualmente, el Ministerio de Cultura se encuentra elaborando la opinión técnica respecto al proyecto de Ley 14288».
El líder indígena también señala que se trata de una amenaza directa no solo al territorio, si no a los derechos indígenas. Quertehuari además comenta que esta actividad extractiva podría abrir las puertas a la expansión de economías ilegales.
En un comunicado, el ECA Amarakaeri manifestó su preocupación y rechazo a este proyecto de ley. “La priorización del desarrollo gasífero supone un cambio sustancial en el uso del territorio”, que afectaría la integridad de la reserva y los servicios ecosistémicos que provee a los pueblos indígenas. El comunicado indica que esta decisión “también debilitaría la gobernanza indígena del territorio” que podría quedar “relegada ante los intereses económicos”.
El pronunciamiento señala que el proyecto de ley ocasionaría la fragmentación del bosque por apertura de vías e infraestructura; permitiría una mayor expansión de economías ilegales —minería, tala y otros—, que estaría facilitada por mayor accesibilidad al territorio y las amenazas asociadas a estas actividades. También intensificaría los conflictos socioambientales, causaría la contaminación y pérdida de biodiversidad, con impactos en agua, salud y seguridad alimentaria, además que alteraría el modo de vida de los pueblos indígenas y generaría pérdida de autonomía sobre sus territorios.
“Habrá mayor desarrollo de carreteras, instalación de restaurantes, hoteles, pero también de cantinas y bares. Eso genera, de alguna forma, un impacto socioambiental en la zona”, agrega el líder indígena.
Quertehuari señala que desde 2025, cuando conocieron que el congresista Eduardo Salhuana apostaba por este proyecto de ley, le enviaron cartas hasta en tres oportunidades para solicitarle una reunión con las organizaciones indígenas de las regiones de Cusco y Madre de Dios, donde se instalarían los proyectos de explotación de gas. Sin embargo no obtuvieron ninguna respuesta.
Mongabay Latam contactó al congresista Salhuana para solicitar sus declaraciones sobre las razones para presentar este proyecto de ley, pero hasta el cierre de la edición no hemos recibido respuesta.
El Observatorio de Infraestructura Vial Sostenible también emitió un pronunciamiento en el que señala que esta norma pone en riesgo la protección de áreas naturales protegidas y pueblos indígenas. Esta propuesta “contiene disposiciones regresivas que colisionan con los mandatos constitucionales de protección del patrimonio natural y los derechos colectivos”. El comunicado señala que el proyecto de ley es “arbitrario y atentatorio contra la gobernanza de los territorios» y afecta la autodeterminación y la consulta previa.
Ciro Salazar, especialista en Conflictos Socioambientales de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) y miembro del Observatorio de Infraestructura cuestiona que a través de este proyecto de ley se busque generar esta actividad extractiva en nuevas zonas “sin solucionar problemas de fondo del sector hidrocarburos como, por ejemplo, la contaminación en la Amazonía norte por los derrames de petróleo”.
Salazar también cuestiona que las comunidades o territorios donde se concentra la actividad hidrocarburífera en la Amazonía, sea de petróleo o de gas, no reciben mayores beneficios de esa actividad. “Hay una deuda del Estado porque no aborda el legado de contaminación y no genera reformas que contribuyan al desarrollo, por el contrario, se continúa proponiendo la expansión de esta actividad sacrificando áreas naturales protegidas”.
“El proyecto tiene una serie de disposiciones que colisionan con mandatos constitucionales de protección del patrimonio natural y con derechos colectivos, así como con leyes, planes maestros y creaciones de áreas que han sido resultado de procesos legales, pero también de interacción con la sociedad civil y con pueblos indígenas”, comenta Dammert, quien también es asesor en el Grupo Propuesta Ciudadana.
Dammert cuestiona que se presente esta ley sin ninguna propuesta energética más amplia y que el interés se concentre en el uso del gas para la generación eléctrica. “Perú tiene otras posibilidades para la generación eléctrica. Las hidroeléctricas se han descontinuado porque cuando se promocionó el gas de Camisea, se decidió apostar por este hidrocarburo. Eso descontinuó las inversiones en energía en hidroeléctricas y tampoco le ha dado espacio a las inversiones en energías renovables no convencionales”.
* Informe periodístico publicado originalmente en el portal aliado Mongabay Latam. Pueden acceder al reportaje desde este enlace.
