Escribe: Juan Carlos Guerrero Bravo, candidato a Senador con el número 15 por la lista nacional del Partido del Buen Gobierno
Se ha dicho durante años que estudiar era la salida, que con esfuerzo, sacrificio y un título en la mano el futuro estaba asegurado. Y, en efecto, miles de jóvenes hicieron lo correcto: terminaron el colegio, pasaron por academias, ingresaron a institutos o universidades y se esforzaron. Sin embargo, hoy emerge una pregunta incómoda que cada vez adquiere mayor peso: ¿y si todo ese esfuerzo no es suficiente?
Durante años, en el país, la educación superior dejó de ser una promesa para empezar a asemejarse a un negocio. Más universidades, más institutos, más “oportunidades”, pero no necesariamente más calidad. En la actualidad, miles de jóvenes concluyen sus carreras y se enfrentan a una realidad que no les fue advertida: trabajos mal remunerados, empleos desvinculados de su formación o, simplemente, puertas cerradas bajo el argumento de la falta de experiencia.
TE PUEDE INTERESAR: Diez propuestas para una educación con justicia étnico-racial – escribe Susana Matute – candidata a senadora por el Partido de Buen Gobierno
Los datos son contundentes. En las universidades públicas, solo el 24.7% de postulantes logra ingresar, lo que deja fuera a más de 227 mil jóvenes cada año. De aquellos que no ingresan, uno de cada dos permanece fuera del sistema educativo incluso tres años después. Es decir, no solo es difícil acceder: el sistema educativo expulsa silenciosamente a miles.
Mientras los jóvenes compiten por una vacante, el Estado ha incrementado el gasto, pero no necesariamente su eficacia. Entre 2020 y 2025, el presupuesto de las universidades públicas creció en 52%, pasando de S/ 5,115 millones a más de S/ 7,700 millones. El resultado es elocuente: la matrícula prácticamente no ha crecido.
Más preocupante aún: solo en 2025, las universidades públicas dejaron sin ejecutar S/ 743 millones, monto suficiente para financiar miles de becas que nunca llegaron a quienes más las necesitaban.
Aquí radica un punto central: no basta con ampliar el acceso; resulta fundamental garantizar la calidad. Esta es la apuesta que plantea Jorge Nieto Montesinos y el Partido del Buen Gobierno: menos ilusión y mayor exigencia. En términos claros, una universidad que no forma adecuadamente no debería continuar operando; una carrera que no prepara para el mundo real pierde sentido; y si existe esfuerzo por parte de los estudiantes, el Estado tiene la obligación de no defraudarlos.
El problema es la proliferación de títulos que no cumplen su propósito. Desde la perspectiva del Partido del Buen Gobierno, el Estado debe garantizar calidad en la educación.
Incluso cuando se invierte, se invierte de manera inadecuada. Actualmente, el 93% de los proyectos universitarios se destina a infraestructura, mientras apenas el 7% se orienta a ciencia, tecnología e innovación.
Además, el sistema no solo es ineficiente, sino también profundamente desigual. En algunas universidades públicas, el gasto estatal asciende a cerca de S/ 18 mil por estudiante al año, mientras que en otras alcanza hasta S/ 189 mil. Un mismo país, una misma educación pública, pero con brechas difíciles de justificar.
Por otro lado, la universidad ya no puede ser considerada el único camino. Durante años se instaló la idea de que la educación técnica constituía una opción secundaria. Hoy, la evidencia muestra lo contrario. Mientras el sistema universitario se estanca, más del 80% de las grandes empresas reporta dificultades para encontrar talento calificado, especialmente en áreas técnicas.
El problema, además, se agrava con el tiempo. En el país, el porcentaje de jóvenes que ni estudian ni trabajan (NINIs) pasó de 15.2% a 22.9% entre 2010 y 2024, superando el promedio de América Latina. En otras palabras, no solo se falla en formar, sino que se está perdiendo a toda una generación.
TE PUEDE INTERESAR: Cinco propuestas clave para trazar el futuro peruano desde las juventudes – escribe Romina Uribe, candidata a diputada de PBG
A ello se suman condiciones que suelen quedar fuera del debate. Resulta inviable competir en igualdad de condiciones sin acceso a internet, sin soporte emocional o sin oportunidades reales de inserción. No se trata únicamente de educación, sino de las condiciones que la hacen posible. En este punto, el dato es revelador: apenas el 4% del presupuesto universitario se destina a bienestar estudiantil, incluyendo salud mental, tutorías y orientación.
Desde la perspectiva del Partido del Buen Gobierno, el Estado debe garantizar calidad; pero la ciudadanía también debe exigirla y comprometerse con ella. Porque el problema en el Perú ya no es la escasez de títulos. El problema es la proliferación de títulos que no cumplen su propósito. Y esa es una situación que no debería ser aceptada
NOTA: Los datos estadísticos fueron tomados de la publicación “¿Cuánto y cómo gastan las universidades públicas? Un presupuesto que sigue creciendo pese a la falta de resultados”, editado por el Centro de Análisis de Políticas Públicas en Educación Superior (CAPPES).
Juan Carlos Guerrero Bravo. Cajamarca, 1968. Antropólogo graduado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y maestro en Ciencias Sociales por FLACSO México. Es especialista en políticas públicas en educación superior.
Integra el colectivo literario “Tribu de Letras”. Ha sido columnista en el portal Sudaca. Ha trabajado en el sector público en instituciones como la Defensoría del Pueblo, la ONPE, el Ministerio de Educación y la Biblioteca Nacional del Perú. Actualmente trabaja en SUNEDU. (Puede ver su hoja de vida en este enlace).
* NOTA EDITORIAL: Franja Libre es una sección implementada por Congrezoo.pe en el contexto de las elecciones generales 2026. Quienes publican aquí lo hacen por invitación directa, previa revisión de sus perfiles, trayectoria y compromiso con los valores democráticos.
No incluimos a candidatos de partidos con representación en el actual Congreso, por tratarse de grupos políticos que han participado en el desmantelamiento sistemático de las instituciones democráticas y en la aprobación de leyes en contra del sistema de justicia, la seguridad ciudadana o la educación, y además han promovido o aprobado normas a favor de ilícitos como el crimen organizado o la minería ilegal.
Correo de contacto: congrezoo.pe@gmail.com.