The Economist emite anualmente el informe del Índice de Democracia Global, en el cual se estudia el funcionamiento de la democracia en 167 países del mundo. El estudio clasifica a los países en cuatro categorías: i) democracia plena, ii) democracia defectuosa, iii) régimen híbrido y iv) régimen autoritario. Por tercer año consecutivo, el estudio considera al Perú como un régimen híbrido.
Entiéndase que un régimen híbrido es un tipo de gobierno que combina características democráticas y autoritarias, lo que crea un sistema político que no encaja completamente ni en una democracia liberal ni en una dictadura. En el Perú, esta condición ha surgido por varios factores:
Crisis institucional y debilitamiento de las democracias representativas
i) Inestabilidad política: En la última década, el Perú ha experimentado una crisis de representatividad y una inestabilidad política recurrente, caracterizada por una alta “rotación” de presidentes, crisis de gobernabilidad, y conflictos entre el Ejecutivo y el Congreso.
ii) Debilidad de las instituciones: Las instituciones clave del Estado han mostrado fragilidad frente a la corrupción, los intereses particulares y la polarización política, permitiendo que se dé una concentración de poder en manos del Ejecutivo o de otros “actores políticos”, sin los controles necesarios de los órganos independientes.
Polarización política
i) Conflictos ideológicos: La polarización ha llevado a un enfrentamiento entre “ideologías extremas” que buscan soluciones pragmáticas a los problemas del país.
ii) Crisis de confianza en los partidos: Ello ha impulsado la aparición de nuevos movimientos políticos que no necesariamente siguen los valores democráticos fundamentales, pero que logran ganar apoyo a través de discursos populistas o autoritarios.
Respuestas autoritarias a la crisis social
i) Propuestas de mano dura: Los votantes prefieren a líderes que se presentan como fuertes y decididos a «combatir la delincuencia a toda costa cual modelo Bukele» o «restaurar el orden con delirantes recetas a lo Milei o Maduro», incluso si ello implica recortar libertades o atacar a los opositores.
Populismo penal
Ahora bien, el populismo penal se refiere a la utilización de políticas de «mano dura» contra el crimen, que se presentan como una solución fácil y rápida para los problemas sociales, pero que, en muchos casos, son ineficaces y violatorias de los derechos humanos. En el contexto peruano, cobra fuerza por lo siguiente:
Inseguridad ciudadana y crisis de confianza en el sistema de justicia
i) Preocupación por la criminalidad: Ante el incremento de la inseguridad ciudadana alimentada por la violencia en diversas regiones del país, el crimen organizado y la informalidad de las fuerzas de seguridad, la respuesta de los políticos son medidas represivas como solución sin considerar sus implicancias en los derechos humanos o su efectividad a largo plazo.
ii) Desconfianza en el sistema judicial: Por su falta de eficiencia y transparencia, muchos ciudadanos apoyan políticas punitivas en lugar de reformas judiciales profundas. Buscan penas más severas y mayor control social.
Instrumentalización de la justicia
Uso político del sistema penal: Los políticos han utilizado el sistema penal para ganar apoyo popular, a menudo enfocándose en discursos de «justicia rápida, favoreciendo el encarcelamiento masivo y la criminalización de sectores vulnerables de la sociedad, sin abordar los problemas de fondo como la desigualdad social, la educación o el empleo.
Falta de una política criminal coherente
Medidas sin enfoque integral: En lugar de una política criminal basada en la prevención del delito, la rehabilitación de los delincuentes y la restauración social, son medidas reactivas, centradas en las consecuencias inmediatas del crimen que en las causas subyacentes.
Ambos fenómenos son respuestas a problemas sociales y políticos, pero también son soluciones superficiales que no resuelven las causas estructurales de los problemas. El desafío para el futuro presidente y para la sociedad peruana será encontrar una propuesta que fortalezca las instituciones democráticas, promueva políticas de justicia social, y combata la corrupción, sin caer en soluciones autoritarias o punitivas que solo perpetúan el ciclo de desigualdad y exclusión.
