Wilber Huacasi El Poder Ejecutivo envió al Parlamento peruano un proyecto de ley sobre el régimen de la pequeña minería y la minería artesanal (Ley MAPE). La propuesta contempla una extensión encubierta del Reinfo, un sistema que ha sido permisivo con la minería ilegal. El texto también avala la contaminación con mercurio, al establecer su reducción solo de manera progresiva.
El gobierno de Keiko Fujimori envió al Parlamento peruano un proyecto de ley para establecer un régimen sobre la pequeña minería y la minería artesanal. La propuesta, según expertos consultados por Mongabay Latam, prolonga el actual sistema que sirve de paraguas para la minería ilegal. Asimismo, evita desarrollar mayores garantías de protección al ambiente y, al contrario, prolonga el respaldo legal para el uso del mercurio.
La propuesta ingresó al Parlamento el lunes 19 de octubre. El Poder Legislativo ahora tiene en promedio dos meses para debatir y, de ser el caso, aprobar lo que vendría a ser la ley que regula los mecanismos de autorización, fiscalización, trazabilidad y promoción de la pequeña minería y la minería artesanal.
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Una primera crítica de fondo que plantea José De Echave, economista e investigador de la organización CooperAcción, es que el Gobierno desarrolla en el proyecto un esquema muy general y distante de las realidades dispersas. “No es lo mismo minería andina que minería en Amazonía, y tampoco es lo mismo la minería del norte con el sur. El proyecto de ley ni por asomo reconoce esa diversidad de situaciones”, cuestiona.
Otro aspecto general que observa De Echave es la insistencia del Gobierno en mantener dos sistemas paralelos. Desde su punto de vista, la pequeña minería y la minería artesanal deberían enmarcarse dentro de la Ley General de Minería. Y un tercer tema sustancial que observa el especialista es la omisión del acaparamiento de las concesiones mineras: “Hay 22 millones de hectáreas concesionadas y más o menos el 1 % controlan poco más del 50 %”.
Ampliación del Reinfo y la minería ilegal
Actualmente existe en Perú un registro provisional para la formalización de los pequeños mineros y los mineros artesanales. Este sistema fue implementado en 2016, durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. El plazo de vigencia era solo de 36 meses. Sin embargo, los siguientes gobiernos aprobaron hasta cinco ampliaciones. La última vence el 31 de diciembre de este año.
Cada prórroga ha significado básicamente la extensión de vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), un sistema que, según los expertos, sirve de paraguas para la minería ilegal, al permitir la actividad en zonas prohibidas. Es por esta razón que surgen nuevamente las alertas desde actores de la sociedad civil: el proyecto de ley del Ejecutivo contempla una nueva ampliación encubierta del Reinfo por el tiempo de un año y medio, hasta junio de 2028.
“Nos preocupa porque el Reinfo va a continuar, solo están cambiando de nombre. Ahora lo llamarán régimen de consolidación”, advierte Beatriz Cortez Sánchez, abogada especialista en temas ambientales de la Red Muqui, una organización civil que reúne a 32 instituciones que trabajan en zonas de actividad minera en Perú.
“Este proyecto de ley, para mí, no resuelve absolutamente nada. Solo están cambiando el Reinfo por este régimen de consolidación”, apunta, por su parte, el abogado ambientalista César Ipenza Peralta.
El proyecto del Ejecutivo plantea crear un “régimen de consolidación” con carácter temporal. Y las disposiciones complementarias precisan que los mineros inscritos en el Reinfo se incorporan a este nuevo régimen y podrán continuar desarrollando actividad minera.
“Obviamente, todos los mineros del Reinfo pasan a ese nuevo régimen de consolidación. Se está cambiando de nombre, pero en la práctica todos los mineros del proceso anterior pasan a este nuevo”, critica Ipenza. Actualmente, el sitio web del Reinfo reporta 23 211 registros de mineros que pasarían al “régimen de consolidación”.
La abogada Cortez subraya que esta nueva ampliación del plazo favorece a la minería ilegal. “El Reinfo es usado para que los mineros puedan ingresar a territorios que están prohibidos legalmente y no hay control nacional ni regional. En la práctica, el Estado no tiene capacidad. La minería ilegal y las redes de criminalidad se van a fortalecer. El proyecto no toca el tema de fondo del crimen organizado”, advierte.
Uso del mercurio
Mariano Castro Sánchez-Moreno, exviceministro de Gestión Ambiental en Perú, destaca su preocupación por otro tema: el proyecto de ley deja abierta la posibilidad para que los mineros sigan utilizando mercurio.
El artículo 16.3 de la propuesta legislativa establece que los mineros deben adoptar “medidas para reducir progresivamente el uso de mercurio y de compuestos de mercurio, y eliminarlo definitivamente”.
“Dada la importancia y gravedad que tiene el mal uso del mercurio en la actividad minera, se debería establecer metas, plazos y entidades competentes directamente vinculadas con el tema. El proyecto de ley no establece plazos ni metas concretas”, observa. Desde su punto de vista, la nueva ley debería garantizar que una entidad competente se encargue del tema para lograr una verdadera reducción y eliminación del mercurio.
Además de permitir el uso del mercurio, el proyecto de ley no establece medidas específicas que garanticen el cuidado de las fuentes de agua o las cabeceras de cuenca. Beatriz Cortez explica que la propuesta normativa apenas hace mención a la protección del patrimonio cultural y los pueblos indígenas en situación de aislamiento.
Mariano Castro apunta que el proyecto debería haber ratificado la prohibición de la actividad minera aluvial; es decir, aquella que se realiza en los ríos, cochas o lagunas. “Esta prohibición que ya existe se debería ratificar con claridad ―explica―, porque esta minería destroza ecosistemas, medios de vida y además se realiza con mercurio y esto es altamente contaminante y dañino para la salud y el medio ambiente”.
Trazabilidad ambigua
Otro aspecto que los especialistas consideran como punto débil en el proyecto del Ejecutivo es la trazabilidad; es decir, los mecanismos de seguimiento al recorrido del mineral desde la extracción hasta el procesamiento o comercialización.
La abogada Cortez advierte que la propuesta del Gobierno es muy general con relación a la trazabilidad y la realidad hace más difícil su implementación. “¿Quién monitorea si trasladan o no insumos que están prohibidos? La Policía. Pero la Policía no se da abasto o simplemente es parte de la red de corrupción. Eso es lo real. En la práctica, se impone quien tiene poder porque no hay Estado en estos territorios”, explica.
La ausencia de trazabilidad puede tener, además, otros impactos en el sistema financiero, según el análisis del abogado César Ipenza, ya que el Ejecutivo contempla en su proyecto la posibilidad de que el Banco de la Nación pueda abrir cuentas para los mineros informales.
“Esto me preocupa de manera particular, porque en Perú no tenemos ninguna garantía de trazabilidad. Podemos terminar con un banco público donde ingresa dinero de origen ilegal o poco claro. Es un tema que puede poner en situaciones de riesgo al país, con relación a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)”, cuestiona.
El nuevo FORMAPE
La propuesta normativa del Ejecutivo también plantea la creación del Organismo Nacional para el Fortalecimiento de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (FORMAPE). Varias dudas han surgido sobre la marcha con relación a esta entidad.
José De Echave explica que este organismo tendrá una serie de tareas y de momento no hay precisiones sobre cómo serán financiadas. “El presupuesto para formalización sigue siendo muy reducido y el año que viene será complicado por el fenómeno de El Niño”, anticipa.
Mariano Castro, por su parte, encuentra un vacío en términos de cronograma. Una de las disposiciones complementarias del proyecto encarga al Ministerio de Energía y Minas para que presente, dentro del plazo de 120 días, un proyecto de ley de organización y funciones del FORMAPE.
“Significa que durante el plazo ampliado de los 18 meses del nuevo régimen de consolidación, todavía no va a estar en pleno funcionamiento el FORMAPE. ¿En qué momento se tendrá una entidad con las capacidades necesarias? Va a estar a cargo del Ministerio de Energía y Minas que tampoco ha demostrado capacidades”, advierte.
Y es que primero el Congreso debe aprobar la ley y recién entonces correrá el plazo para que el sector Energía y Minas presente el nuevo proyecto sobre las funciones del FORMAPE.
Es más, José De Echave desde ya expresa sus dudas de que la nueva Ley MAPE, como se conoce al proyecto presentado por el Ejecutivo, pueda ser aprobada hasta diciembre, cuando vence el plazo del Reinfo. Esto debido a la nueva dinámica que enfrenta el Legislativo con un sistema bicameral y también por la complejidad y diversidad de actores. De momento, la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin) ya ha expresado su rechazo al nuevo proyecto.
- Este reportaje fue publicado originalmente en el portal Mongabay Latam.
